Según Delgado, quienes adoptan ese discurso llegan a acusar de imponer una ideología de género a todos los que luchan por erradicar esta lacra desde la prevención y denuncia de actitudes machistas, discriminatorias o violentas.
La ministra ha recordado que, desde que en el año 2003 comenzaron a contabilizarse las víctimas de violencia machista en nuestro país, son ya 1.027 las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas, 51 en lo que llevamos de año. Un drama que crece con los 34 menores que han sido asesinados en casos de violencia de género perpetrados contra sus madres desde 2013 -cuando empezaron a registrarse- y con otros 43 niños y niñas que han quedado huérfanos. Unas cifras que obligan a abordar la lucha contra la violencia de género como una cuestión de Estado con la implicación de todos los poderes públicos, ha señalado Delgado.
En el ámbito del Ministerio de Justicia se trabaja para incorporar la perspectiva de género a toda la acción de la Administración de Justicia, así como en la ejecución del centenar de medidas contenidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género suscrito en septiembre de 2017 por el conjunto de las fuerzas políticas en el Congreso y en el Senado.
Dolores Delgado ha destacado también la aprobación en agosto de 2018 de un real decreto-ley de medidas urgentes que acometió reformas en relación con aspectos como la asistencia jurídica y representación legal de las víctimas o el acceso a la atención psicológica de los menores expuestos a la violencia machista. También se ha referido a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ha permitido actuaciones como la mejora en la formación en violencia de género de los miembros de las carreras judicial y fiscal.
Además, la ministra ha resaltado la necesidad de reformar cuanto antes el Código Penal en materia de delitos sexuales, en aspectos como la clarificación de la definición y tipificación de las modalidades de violación, para transmitir con nitidez la gravedad del carácter coactivo y agresivo de los actos sexuales impuestos, así como las cuestiones relativas al consentimiento de la víctima, garantizando que, si una mujer no dice sí, es que no consiente de ninguna manera. Asimismo, Delgado ha incidido en la conveniencia de sustituir las penas de multa por penas de prisión para quienes cometan delitos contra la libertad sexual.
