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La Audiencia Nacional decide si mantiene en prisión al coronel salvadoreño acusado del asesinato de Ellacuría

13/11/2019
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La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional analizará este miércoles en una vista si prorroga la situación de prisión provisional del coronel salvadoreño Inocente Orlando Montano, que cumple dos años en preventiva pendiente de juicio por su papel decisorio en los asesinatos del jesuita vasco Ignacio Ellacuria y otros cuatro sacerdotes españoles de esta orden religiosa, cometidos en 1989.

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La causa en la Audiencia Nacional se abrió en enero de 2009 tras una querella de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Tras cerrarse la investigación, el caso está pendiente de que la Sala señale la fecha en que se celebrará el juicio oral.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera en su escrito de conclusiones, al que ha tenido acceso Europa Press, que Montano "participó en la decisión, diseño y ejecución" de los crímenes y solicita que sea condenado a 150 años de cárcel, 30 años por cada uno de los "asesinatos terroristas" de los cinco religiosos españoles: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo, todos ellos de entre 47 y 59 años.

En realidad, fueron ocho los asesinatos que se cometieron esa noche --también murieron otro jesuita salvadoreño, así como la mujer y la hija de 15 años del guardia de la Universidad Centroamericana--, pero el caso ha llegado a la Audiencia Nacional porque es competente para investigar crímenes terroristas contra españoles en el extranjero.

ERA VICEMINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 1989, cuando un grupo de militares salvadoreños ejecutaron a los seis jesuitas y las dos mujeres. Montano ocupaba el cargo de viceministro de Seguridad Pública de El Salvador en aquel momento y hacía campaña contra la orden religiosa acusándola de subversiva.

Tras aceptar la investigación y tomar declaración, entre otros, a un matrimonio que fue testigo de la matanza, el juez dictó en 2011 auto de procesamiento contra 20 militares entre los que se encontraba Montano, de quien solicitó su extradición. En febrero de 2016, un juez del distrito este de Carolina del Norte, en Estados Unidos, avaló su entrega a España y esta se materializó un año después. Desde entonces, el coronel, ya septuagenario, se encuentra en prisión provisional.

Según explicaba el magistrado en su auto de procesamiento, la muerte de los jesuitas se produjo en un contexto de "intensa polarización" entre el Gobierno militar y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el cual los sacerdotes se erigieron como mediadores entre ambas partes para un "proceso de diálogo" y fueron acusados, en virtud de su afinidad con la teología de la liberación, de incitar a los campesinos a "una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin".

"Este odio --apunta la Fiscalía en su escrito-- se originó en la creencia de que los marxistas habían penetrado en la Iglesia. El papel de la Iglesia como mediadora para tratar de acabar con la sangrienta guerra civil les granjeó la enemistad de la extrema derecha".

LA TANDONA

La decisión de acabar con la vida de Ellacuría y el resto de jesuitas fue adoptada por un grupo de oficiales de élite denominado La Tandona, al que Montano pertenecía, y ejecutada por el coronel Guillermo Alfredo Benavides, que dio la orden a los miembros del batallón 'Atlacatl' y que también fue procesado.

El asalto, que se llevó a cabo después de que los servicios de inteligencia alertaran de la supuesta presencia de un centenar de "terroristas" en la Universidad Centroamericana, se produjo cuando los sacerdotes, "algunos bastante mayores", estaban "desarmados" y se encontraban en "pijama", según confesó el sargento Antonio Ramiro Ávalos, alias 'Satán', quien para participar en la operación tuvo que recordarse a sí mismo que estaba actuando contra "delincuentes" y eran sus "cerebros los que importaban".

El escrito del Ministerio Público destaca que las conclusiones de las autopsias efectuadas a los cuerpos de los jesuitas revelaron que cuatro de los cinco presentaban "múltiples lesiones producidas por armas de fuego".

Estos crímenes son unos de los más simbólicos del conflicto armado que enfrentó en El Salvador entre 1980 y 1992 a la exguerrilla izquierdista y ahora partido en el gobierno Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejército, con un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

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