MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
En la resolución dada a conocer este miércoles el Supremo reitera los hechos denunciados fueron investigados y archivados por el juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, que no elevó ninguna exposición razonada en la que se pusiera de manifiesto la existencia de indicios de criminalidad contra algún aforado.
El contenido de estas conversaciones sí ha permitido, sin emabargo, mantener unas diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que la semana pasada reveló que hace unos meses se dirigió a la Serious Fraud Office (SFO), la oficina antifraude británica con sede en Londres, para tratar, por ahora sin éxito, de interrogar a Corinna Larsen.
La investigación sobre las presuntas comisiones ilegales del AVE a la Meca fue abierta por Anticorrupción formalmente a finales del pasado año tras cerrarse en la Audiencia Nacional la pieza denominada 'Carol' del caso Tándem, que investigaba una conversación mantenida entre la empresaria y el comisario jubilado, ahora en prisión preventiva, José Manuel Villarejo.
En dicho momento ya se informó que el rey emérito no podía ser investigado al gozar de inviolabilidad penal reconocida al Jefe del Estado, si bien se mantuvo la pieza abierta para investigar los contratos y la presunta responsabilidad de otras personas en estos hechos.
En su auto, la Sala de lo Penal del Supremo no alude a esta investigación fiscal -que no ha sido puesta aún en conocimiento de ningún juzgado- si bien recuerda que "solo puede examinar las resoluciones dictadas por otros órganos jurisdiccionales o, en su caso, el alcance de las diligencias de investigación por él acordadas a través de los recursos previstos en la ley".
En su recurso de súplica, los querellantes denunciaban que la inadmisión a trámite de la querella "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, toda vez que carece de motivación para comprender las razones del archivo", ya que "en ningún momento señala qué razonamientos concretos utiliza para descartar las múltiples pruebas e indicios" que explican, aportaron en su escrito inicial.
La querella, presentada el pasado 5 de diciembre, iba dirigida contra el Rey emérito, el empresario Juan Villalonga y el director general del CNI, Félix Sanz Roldán, entre otras personas, por un total de 13 delitos incluido el de organización criminal, al hilo de un audio del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en el que Corinna afirmaba que Juan Carlos de Borbón tenía testaferros, dinero en Suiza y había cobrado comisiones por intermediar en la adjudicación del AVE a La Meca a una UTE española.