BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)
Estas conclusiones, presentadas en un acto presidido por la decana del Icab, Maria Eugènia Gay, se trasladarán al próximo titular del Ministerio de Justicia, y consideran que el Pacto de Estado de 2001 no ha mejorado la justicia ni se han cumplido los objetivos, por lo que es necesario uno nuevo, que "se debe gestar desde el diálogo, el consenso y la participación" de todos los colectivos.
También han participado en la presentación la decana del Colegio de Abogados de Reus, Encarna Orduna; el del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, Juan Antonio Rodríguez; el de Figueres, Joan Ramon Puig; el de Jerez, Marcos Camacho; el vicedecano del de Palencia, Miguel Hermosa, y el presidente del Grupo de Abogacía Joven de Barcelona, Pol Olivet.
Quieren esta reforma profunda y duradera de la Justicia, en la que la Abogacía debe ser tenida en cuenta en todas las decisiones que la afecten, y sostienen que la justicia debe estar dotada de cuantos medios "sean necesarios e imprescindibles para garantizar" la defensa de los derechos de la ciudadanía.
Creen que la oficina judicial debe reorganizarse con una nueva estructura territorial que garantice la proximidad y la especialización, y que la planta judicial debe asegurar el acceso a la judicatura de un número de jueces suficientes, mediante un nuevo modelo de selección y formación, y apuestan por abordar una transformación digital "de 360 grados".
En las conclusiones, abogan por promulgar una Ley Orgánica que regule el derecho de defensa "cerrando el círculo de garantías constitucionales", también en el ámbito de la mediación, ya que consideran que cualquier impulso futuro debe incorporar a abogados en sus procesos.
Además, reclaman más coordinación entre todas las administraciones con competencias en materia de Justicia y aplicar el Convenio de Estambul de 2011, con la inclusión del Turno de Oficio de violencia de género y trata de seres humanos, y un turno específico de agresiones sexuales.
CONCILIACIÓN Y FORMACIÓN
Piden respetar la conciliación de la vida personal y familiar, así como los derechos relacionados con la desconexión digital y el teletrabajo, y crear un observatorio de los cambios sociales del que forme parte la administración y los operadores jurídicos, especialmente la Abogacía.
También solicitan modificar el actual sistema de acceso a la profesión para que sea más práctico y útil para el ejercicio de ésta, con un examen que reconozca el esfuerzo y méritos del alumno, y garantizar la especialización y formación continua de la Abogacía y de los actores del servicio jurídico.
