MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Esta es una de las cuestiones que recoge el informe anual de la institución que preside en funciones Francisco Fernández Marugán en relación con el funcionamiento de la Administración de Justicia, pues se hace eco de "la tardanza en la resolución de los indultos que trasladan muchos ciudadanos" y que ya ha motivado en ocasiones anteriores que se pidan cuentas al ministerio.
En este sentido, concreta que la última vez se solicitó a Justicia información sobre un indulto solicitado en julio de 2015 y el departamento dirigido por Dolores Delgado explicó que la fase administrativa de tramitación está reglada y tiene un desarrollo previsible, no así con la fase decisoria, que es ya competencia del Consejo de Ministros y de la que no podía hacer una estimación temporal.
Sin embargo, estando de acuerdo con que la segunda fase no es competencia del ministerio de Justicia, el Defensor del Pueblo insiste en que se aprecia una "excesiva dilación" en la parte que sí le compete y que no debería de acuerdo a la normativa, dilatarse más allá de un año, por lo que ha vuelto a dirigirse a este organismo para que informe sobre la situación.
Precisamente, el informe expone que "la lentitud de la justicia es un tema que preocupa especialmente a los ciudadanos" por lo que la institución insiste en que "el proceso judicial es solo uno de los medios de solución de conflictos jurídicos" y los poderes públicos deben "fomentar que se regulen adecuadamente otros sistemas de resolución extrajudiciales" y en concreto, potenciar la mediación, el arbitraje y la conciliación.
Además, refiere los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre problemas estructurales en numerosos órganos jurisdiccionales, como elevadas cargas de trabajo o insuficiencia de plantillas, y reitera que es necesario "reconsiderar la planta y demarcación judicial para atender a las nuevas necesidades".
