PALMA DE MALLORCA, 23 (EUROPA PRESS)
En base a un informe de la Policía Científica, la instructora entiende que no es posible realizar la prueba garantizando que se salvaguarda el secreto profesional de los periodistas. Además, tiene en cuenta que, igualmente, la prueba no aseguraría "con un alto grado de certeza" si los dispositivos han sido o no examinados.
La pericial estaba prevista para el 13 de mayo, en el marco de la querella presentada por los periodistas afectados contra el juez instructor del 'caso Cursach', Miguel Florit, que ordenó la incautación de los dispositivos en diciembre. La prueba recayó en la Policía Nacional e iba a realizarse en las dependencias de la Jefatura Superior de Baleares.
El 7 de mayo, el inspector jefe de la Brigada Provincial de Policía Científica de Baleares remitió un oficio a la instructora en el que alertaba de que para practicar la prueba era necesario hacer una "extracción física" de la información contenida en los terminales, lo que implica un "volcado de la totalidad del contenido".
Además, la Policía informó de que para poder acceder a las funcionalidades de los dos móviles era necesario "un previo borrado total"; y que "no se podría asegurar con un alto grado de certeza si los móviles han sido o no examinados".
En cuanto a los ordenadores y el 'pendrive' incautados, el inspector avisó de que su copiado forense requeriría "varias horas", dependiendo del tamaño de los discos duros, y el análisis de la información podría durar "varios días".
La prueba fue pospuesta mientras se resolvían las alegaciones planteadas por los periodistas, que tras conocer el informe pidieron no realizar la pericial al entender que el análisis vulneraría el secreto profesional.
"SACRIFICAR EL DERECHO AL SECRETO PROFESIONAL"
La magistrada explica en su auto que pidió la prueba "con la creencia de que dicha diligencia podría ser llevada a cabo sin complicaciones de trascendencia", puesto que el inspector jefe de la Policía Judicial encargado de la instrucción que dirige Florit había afirmado en un informe que "el estudio de dichos terminales con la maquinaria forense actual revelaría cualquier injerencia" en los móviles durante su custodia.
Dado que el oficio de la brigada científica descartaba esa posibilidad, la juez considera que determinar si hubo acceso a los dispositivos "carece de la relevancia suficiente para sacrificar el derecho al secreto profesional consagrado en el art. 20.1.d de la Constitución Española, máxime cuando el resultado obtenido, en relación a los teléfonos móviles, carecería de la suficiente certeza para acreditar la finalidad perseguida".
Los dispositivos fueron incautados el 11 de diciembre en el marco de una investigación sobre las noticias publicadas sobre el 'caso Cursach'. El 12 de diciembre, los equipos fueron entregados al secretario del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, que los custodió hasta que fueron devueltos a los periodistas el 4 de enero. La certificación expedida por el Juzgado no abarcaba el plazo de casi 24 horas en el que la Policía tuvo el material, por lo que la prueba pericial ahora anulada se centraba en esa franja.
El juez Florit fue llamado a declarar en abril como investigado por presuntos delitos de prevaricación, interceptación ilegal de las comunicaciones y vulneración del secreto profesional periodístico, entre otros.
