MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
Así lo detalla la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal madrileños en una sentencia en la que desestima el recurso planteado por CCOO para que se retirara la orden que desplegaba las ayudas y condena al sindicato a asumir las costas procesales.
El sindicato había solicitado la impugnación de la orden de mayo de 2018, de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, por la que se convocan ayudas para la contratación de investigadores predoctorales e investigadores postdoctorales cofinanciadas en un 91,89 por ciento por Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) y en concreto el requisito de "estar empadronados en cualquier localidad de la Comunidad de Madrid en la fecha de publicación de esta convocatoria", al entender que no era conforme a derecho.
En el fallo judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, se argumenta que el requisito del empadronamiento en esta medida se justifica en que tiene su origen en una Iniciativa de Empleo Juvenil propuesta por el Consejo Europeo "para favorecer concretamente a determinadas regiones europeas, no a los Estados miembros en general".
En segundo lugar atiende al nuevo modelo de políticas activas de empleo que abandona, según declara la Ley 8/2014, de 15 de octubre, "un sistema de programas establecidos de modo centralizado para consagrar otro acorde con las competencias de las autonomías, siempre dentro de la Unidad de Mercado, pero, en pura lógica, para favorecer el empleo dentro de su propio ámbito territorial".
"Siendo así lo anterior, al no carecer de motivación sino todo lo contrario la exigencia del único requisito que en este recurso ha sido debatido, el presente recurso habrá de ser desestimado", recoge la sentencia.
Tras conocer la sentencia, el consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, ha detallado que esta convocatoria permite la contratación de 600 jóvenes como ayundantes y técnicos de laboratorio para el sistema madrileño de ciencia y tecnología.
"Es un varapalo judicial (a CCOO) que se suma a unos cuantos más y que deja bien claro la utilización política y absolutamente sesgada que intenta hacer este sindicato de la Justicia madrileña", ha zanjado Van Grieken.
