UNA PRETENSIÓN INSOSTENIBLE
La inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo -presentarse a unas elecciones- es una pena prevista en los artículos 33 y 56 del Código Penal. Actualmente es posible la suspensión del ejercicio de las funciones de parlamentario una vez elegido pero no se puede impedir la concurrencia a unas elecciones. Imponer una aflicción que tenga el carácter de pena anticipada es una medida de carácter personal y sólo excepcionalmente puede imponerse en los supuestos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para que un investigado, encausado o acusado, en definitiva, no condenado en sentencia, pueda ser sometido a una medida cautelar de privación del derecho de sufragio pasivo -aun cuando sólo sea en el supuesto de estar en situación de prisión preventiva-, tendría que modificarse la Ley de Enjuiciamiento Criminal incluyendo tal medida cautelar, o el Código Penal, permitiendo la imposición anticipada de dicha pena como medida cautelar en los delitos en los que esté prevista como pena principal o accesoria.
Aun cuando formalmente fuera posible tal reforma legislativa, el Tribunal Constitucional o, en su defecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la declararían contraria a la Constitución, al Convenio Europeo de Derechos Humanos y/o a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, dado el carácter de pena de tal privación, su imposición anticipada antes de la existencia de una sentencia condenatoria firme y lo irreparable -por irreversible- del daño causado en un supuesto de absolución. Además, incluso aunque se cumpliera el primer requisito de toda medida cautelar -fumus boni iuris-, es decir, la casi seguridad de que la sentencia será condenatoria, no se cumpliría en ningún caso el segundo -periculum in mora-, la posibilidad de que, tras la sentencia condenatoria, la imposición de dicha pena pudiera resultar frustrada, frustración imposible porque por definición tendría que referirse a elecciones posteriores a la firmeza de la sentencia. Parece una pretensión legislativa insostenible.
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