GRANADA, 11 May. (EUROPA PRESS) -
El arquitecto fue condenado por la Audiencia a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, pero el Supremo anuló la condena en tanto que el juicio se celebró sin el otro acusado, el exalcalde ya fallecido Víctor Sánchez (PSOE), que alegó motivos de salud para no acudir a la vista, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
El Supremo consideró que no se justificó expresamente la viabilidad de juzgarles por separado, por lo que se podía producir una vulneración del derecho de defensa que asiste al arquitecto procesado, por lo que ordenó reponer las actuaciones al momento anterior a esa celebración del juicio y que se dictara una nueva resolución sobre la procedencia o no de suspender la vista. Al menos hay otro caso que afecta al arquitecto en similares circunstancias.
La vista se ha fijado para el 29 de mayo en la Sección Segunda de la Audiencia y la Fiscalía pide para el exarquitecto, L.G.C.C., la pena de 15 meses de cárcel y 16 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación y otro de prevaricación urbanística, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.
La operación urbanística se centró en los 26.083 metros cuadrados de terrenos situados en el casco urbano del municipio, en el solar donde se ubicó la antigua Alcoholera San Fernando.
Según el relato fiscal, tanto el alcalde como el arquitecto, "actuando de común acuerdo", llevaron a cabo una serie de actuaciones tendentes todas ellas a modificar "sin control autonómico alguno" el uso previsto por las Normas Subsidiarias (NNSS) de Atarfe y su edificabilidad, "apartándose de la legalidad urbanística".
El uso previsto para estos terrenos era el terciario, de manera que sólo podrían haberse construido en ellos pequeñas viviendas artesanales, o, como mucho, viviendas de guardería con una limitación del 15 por ciento de la superficie total construida o una vivienda con superficie máxima de 80 metros cuadrados. Sin embargo, "en perjuicio evidente del pueblo de Atarfe", en ellos hay tres bloques de viviendas con un total de 144 pisos construidos.
La mitad de las viviendas están ocupadas porque se les concedió licencia de primera ocupación en septiembre de 2009 y la Fiscalía fija como posibles perjudicados a las personas que adquirieron las viviendas.
