MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
En un auto fechado el pasado 26 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada atiende así la solicitud efectuada por la Fiscalía, que en un escrito previo reclamaba la práctica de nuevas diligencias de investigación, lo cual, según argumentaba, implica que la causa no va a poderse instruir en el plazo actual, razón por la cual reclamaba una prórroga.
Estas diligencias solicitadas por el Ministerio Público incluían requerir a la secretaria general de Presidencia de la Generalitat, Meritxell Masó, y al responsable de la Secretaría General del Departamento de Gobernación para que "aporten el acta de traspaso y recepción del fichero de registro de participantes en consultas no refrendarias remitido el 13 de julio de 2017" por parte de Daniel Gimeno, exjefe del gabinete técnico de Vicepresidencia, a Masó, y que indiquen también qué departamento y qué persona estaban a cargo de ese fichero.
La Fiscalía también reclamaba en su escrito a la juez que pidiera a la Generalitat la relación de los cargos públicos que ejercieron durante 2017 una veintena de investigados en esta causa, entre ellos altos cargos como Amadeu Altafaj, David Palanques, Francesc Sutrías, David Franco, Antoni Molons y Montserrat Vidal, entre otros.
TESTIGO EN EL JUICIO DEL SUPREMO
Uno de ellos, el exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta acudió ayer al Tribunal Supremo, donde estaba citado en calidad de testigo en el juicio por el proceso independentista, pero finalmente prefirió no declarar para evitar que alguna de sus manifestaciones le perjudique en la causa del juzgado de Barcelona.
Tras acordar todas estas peticiones de Fiscalía, la magistrada ha emitido otro auto en el que explica que "no es descartable" que de estas nuevas pesquisas "surja la necesidad de practicar otras diligencias de investigación", y "habida cuenta de que persisten las razones que en su día motivaron la declaración de complejidad", ha decidido prolongar la instrucción un máximo de año y medio.
Se da la circunstancia de que mientras el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona continúa con la investigación de la preparación del referéndum ilegal, el Tribunal Supremo ya ha comenzado a juzgar a los que supuestamente son los responsables de esa organización. De hecho, gran parte de la instrucción que hizo el magistrado del Supremo Pablo Llarena fue aportada por el juzgado de Barcelona.
