BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
Según ha informado este miércoles el TSJC en un comunicado, el alto tribunal catalán ha hecho esta propuesta al Ayuntamiento en el marco de la Comisión mixta de seguimiento del protocolo de ejecución de diligencias de lanzamiento, "buscando la inmediatez de la información y una mayor agilidad" en las respuestas ante situaciones de vulnerabilidad.
El TSJC, que precisa que la propuesta deberá contar con la aprobación de la Conselleria de Justicia, recuerda que a las administraciones corresponde velar por la protección de las personas más vulnerables, y que el protocolo de ejecución "facilita los cauces para hacer efectiva esa protección sin el menoscabo del derecho de los titulares de los inmuebles".
La Comisión de seguimiento se ha reunido este miércoles en la sede del TSJC para evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de este acuerdo marco, que vincula desde 2013 a todos sus firmantes: la Presidencia y la Secretaría de Gobierno del TSJC, el Ayuntamiento de Barcelona, la Conselleria de Justicia, el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) y el Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona.
En la reunión, con presencia de la Agencia de la Vivienda de Catalunya, se han puesto de manifiesto las dificultades con las que se están encontrando las comisiones judiciales al ejecutar los lanzamientos ordenados judicialmente y que frecuentemente impiden su efectividad.
Según sus datos, en 2018, de 4.880 lanzamientos señalados por el Servicio de Actos de Comunicación (SAC) de Barcelona, 2.683 fueron negativos y solo 2.197 pudieron materializarse, y estas "suspensiones reiteradas" son las que motivan los señalamientos con fecha abierta, como último recurso excepcional para hacerlos efectivos, indica el TSJC.
Todos los colectivos representados en la mesa han coincidido en la necesidad de conciliar, por un lado, el derecho de los titulares legítimos a recuperar de forma inmediata sus viviendas ocupadas sin cobertura contractual o legal y, por otro, la protección de aquellos inquilinos que acrediten una situación de especial vulnerabilidad.
En la reunión, se ha pedido "la máxima colaboración y lealtad institucional en la aplicación del protocolo" y la implicación para proteger a los afectados por desahucios, además de pedir respeto para los letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios.
