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Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León

18/01/2019
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Orden FAM/4/2019, de 8 de enero, por la que se actualiza el Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León y se publicita el resultado de la evaluación del funcionamiento de las prestaciones sociales en Castilla y León (BOCYL de 17 de enero de 2019). Texto completo.

ORDEN FAM/4/2019, DE 8 DE ENERO, POR LA QUE SE ACTUALIZA EL CATÁLOGO DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN Y SE PUBLICITA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES EN CASTILLA Y LEÓN.

El Decreto 58/2014, de 11 de diciembre Vínculo a legislación, por el que se aprobó el Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León, en su disposición adicional prevé que la Consejería competente en materia de servicios sociales actualizará el contenido del Catálogo adaptándolo, en su caso, al régimen jurídico de las prestaciones vigente en cada momento. Asimismo, le encomienda la adopción de las medidas necesarias para facilitar la máxima difusión del contenido de las prestaciones incluidas en el Catálogo de Servicios Sociales a la ciudadanía, así como a las entidades públicas y privadas y, en especial, a los profesionales de los servicios sociales.

Como consecuencia de las modificaciones operadas en la normativa reguladora de las distintas prestaciones sociales, pudiéndose destacar las producidas en virtud de la aprobación de la Ley 4/2018, de 2 de julio Vínculo a legislación, de ordenación y funcionamiento de la Red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León, que afecta en concreto a la regulación de las prestaciones del sistema de atención a las personas con dependencia, a la prestación de renta garantizada de ciudadanía o a la normativa referida a las víctimas de violencia de género, la presente orden actualiza el contenido del Catálogo de Servicios Sociales, adecuando las fichas descriptivas de las modalidades de prestaciones a las modificaciones producidas en la respectiva normativa reguladora.

Por otra parte, habiendo transcurrido el plazo establecido desde la aprobación del Catálogo, en cumplimiento de la disposición final primera de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre Vínculo a legislación, de Servicios Sociales de Castilla y León se ha realizado la evaluación de su aplicación, y sus resultados fueron dados a conocer, con fecha de 23 de enero de 2018, a los miembros de la Sección de Servicios Sociales de Responsabilidad pública.

Con la aprobación de la presente orden, la Administración de la Junta de Castilla y León impulsa y da cumplimiento al principio de actuación transparente de la Administración pública autonómica, publicitando el resultado de la evaluación efectuada del contenido del Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León, lo que sin duda alguna redundará en una mayor eficiencia del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, fruto de un mayor conocimiento de las prestaciones que lo integran por parte de los usuarios y profesionales que operan en este sector.

A tal efecto, partiendo de los datos obtenidos de la historia social única de cada usuario, así como de diversas fuentes de naturaleza pública, como son, el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Castilla y León, el Registro unificado de usuarios de servicios sociales de Castilla y León, y las memorias de gestión de prestaciones remitidas por las entidades locales con competencias en materia de servicios sociales, y atendiendo a parámetros de medición configurados en función de la naturaleza de la prestación y dispositivos utilizados por los usuarios atendidos, se ha efectuado una evaluación, de forma provincializada, de la aplicación del Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León.

El conocimiento de los datos e intervenciones realizadas, que conforman la historia social única de cada usuario, sirven de base para la evaluación realizada y determinan el alcance e intensidad de la cobertura de los servicios sociales de responsabilidad pública, al objeto de adecuar de forma eficiente la planificación y organización funcional y territorial de los servicios sociales a las demandas de atención existentes en cada momento. En consecuencia, dentro de los resultados de la evaluación efectuada, se incluye una proyección de áreas de mejora, con la inclusión de nuevos recursos a desarrollar dentro del contenido del Catálogo de Servicios Sociales, lo que le convierte en un instrumento dinámico de codificación, facilitando el funcionamiento eficiente de un sistema de servicios sociales de responsabilidad pública en permanente evolución.

En el resultado de la evaluación realizada se refleja la efectiva disposición de las prestaciones y de las modalidades de prestaciones más relevantes que forman parte del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, mediante la representación gráfica de su distribución y grado de intensidad, recogiéndose, asimismo, la financiación y evolución del presupuesto destinado a estas prestaciones desde el año 2014. En La representación gráfica se analiza la atención por grupos de población, necesidades de atención, carácter esencial o no de la prestación, si existe cofinanciación por parte del usuario o si se trata de una prestación económica o de un servicio. Desde una perspectiva económica, la evaluación refleja la evolución del impacto que tienen en el presupuesto la ejecución de las prestaciones y la cobertura del gasto en servicios sociales. Todo ello proporciona, en consecuencia, un conjunto de datos que constituyen una fiel imagen de nivel de cobertura de la atención del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública en Castilla y León.

En su virtud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 Vínculo a legislación de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto.

1. La presente orden tiene por objeto actualizar el contenido del Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León, en atención a las modificaciones efectuadas en la normativa reguladora de las prestaciones sociales en Castilla y León.

2. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición final primera de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre Vínculo a legislación, de Servicios Sociales de Castilla y León, se publicita el resultado obtenido en la evaluación realizada sobre el funcionamiento de las prestaciones del Sistema de Servicios Sociales de Responsabilidad Pública.

Artículo 2. Finalidad.

La presente orden tiene como finalidad procurar una información real y efectiva del contenido del Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León a las personas usuarias, profesionales y operadores jurídicos del sector, que permita y facilite el acceso en condiciones de igualdad a los recursos disponibles en el Sistema de Servicios Sociales de Responsabilidad Pública.

Artículo 3. Actualización del Catálogo de Servicios Sociales.

1. Se actualiza el contenido del Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León, cuyo contenido íntegro consolidado estará disponible en el portal web de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, dentro del apartado Catálogo de Servicios Sociales, siendo accesible a través del siguiente enlace www.serviciossociales.jcyl.es.

2. Se incorporan al Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León las siguientes prestaciones y modalidades de prestaciones, identificadas con sus respectivos códigos, lo que conlleva la correspondiente reenumeración de los anteriores:

1.11. Dentro del servicio de Información sobre derechos, prestaciones y procedimientos en materia de servicios sociales, se incluye la modalidad: “Servicio de información especializada sobre Renta Garantizada de Ciudadanía”.

6. Se incluye como ficha descriptiva n.º 6, la prestación denominada “Registro de uniones de hecho”.

12.6. Dentro de la prestación Apoyo técnico a familias, se incluye la modalidad: “Servicio de apoyo personal y familiar para las víctimas de violencia de género”.

17. Se incluye la prestación “Conciliación de la vida personal, familiar y laboral”, con las siguientes modalidades:

17.1. Prestación económica para excedencia por cuidado de hijos, hijas o menores a su cargo.

17.2. Prestación económica para reducción de la jornada laboral.

17.3. Servicio de atención en centros infantiles de 0 a 3 años.

17.4. Atención lúdica de niños y niñas para la conciliación de la vida laboral y familiar durante los periodos vacacionales.

17.5. Ampliación horaria para la conciliación en escuelas infantiles del primer ciclo de educación infantil titularidad de la Administración de Castilla y León.

26. Dentro de la prestación Intervención de apoyo social a la persona, se incluyen las siguientes modalidades:

26.10. Servicio de apoyo psicológico a familiares de víctimas mortales de violencia de género.

26.11. Servicio de atención psicológica de urgencia en sede policial o judicial para víctimas de violencia de género.

26.12. Servicio de asistencia letrada y defensa jurídica a mujeres y niñas víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.

26.13. Servicio de asistencia letrada y defensa jurídica a huérfanos menores y personas dependientes de mujeres asesinadas por violencia de género.

29. En la prestación Atención en centros residenciales, se incorporan las nuevas modalidades siguientes:

29.5. Servicio de atención integral a mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad por enfermedad mental grave.

29.6. Servicio de atención integral a mujeres drogodependientes en situación de violencia de género.

29.7. Servicio de atención especializada a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual.

31. Se incluye la prestación denominada “Provisión de alimentación” que incluye dos modalidades de servicios, una referida al Servicio de distribución coordinada de alimentos (31.1) y una segunda modalidad de nueva creación:

31.2. Servicio de provisión inmediata de alimentación.

34. Se incluye la “Prestación económica frente a situaciones de deuda por arrendamiento de vivienda habitual”.

37. Se incluye la prestación “Ayuda económica a hijos o hijas víctimas mortales de violencia de género”.

38. Se incluye la prestación “Acceso gratuito a estudios universitarios de hijos e hijas de víctimas mortales de violencia de género”.

3. Asimismo, en atención a las modificaciones operadas en la normativa reguladora de cada prestación, se actualiza el contenido de las siguientes fichas descriptivas de modalidades de prestaciones, incluidas en el Anexo II del catálogo de servicios sociales, identificadas con los códigos conforme a la nueva numeración:

1.7. En la modalidad Servicio de información especializada sobre violencia de género, de la prestación Información sobre derechos, prestaciones y procedimientos en materia de servicios sociales, se incluyen expresamente en el perfil de las personas beneficiarias los hijos e hijas de víctimas de violencia de género y otras personas dependientes de ellas.

2.3. En la modalidad Servicio de valoración, orientación y planificación de caso ante situaciones de violencia de género, dentro de la prestación Valoración, orientación, planificación de caso y seguimiento, se amplía el perfil de las personas beneficiaras a hijos e hijas a su cargo y otras personas dependientes de ellas.

8. En la prestación Acreditación administrativa de la condición de víctima de violencia de género, se amplía el perfil de las personas beneficiarias y se incluye expresamente a los hijos e hijas a cargo de la mujer víctima de violencia de género y a otras personas dependientes de ella.

12.10. La modalidad Servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, de la prestación Apoyo técnico a familias, adquiere el carácter de prestación esencial.

13. En la prestación Servicio de atención en centros a personas en situación de dependencia por descanso del cuidador o cuidadora, se actualiza el régimen de compatibilidad con otras prestaciones.

18.2. En la modalidad Servicio de habilitación y terapia ocupacional, de la prestación Promoción de la autonomía personal, se actualiza su régimen de compatibilidad con otras prestaciones.

18.3. En la modalidad Servicio de habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental y discapacidad intelectual, de la prestación Promoción de la autonomía personal, se actualiza el régimen de compatibilidad con otras prestaciones.

18.4. En la modalidad Servicio de estimulación cognitiva de la prestación Promoción de la autonomía personal, se actualiza el régimen de compatibilidad con otras prestaciones.

18.5. En la modalidad Servicio de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional de la prestación Promoción de la autonomía personal, se actualiza el régimen de compatibilidad con otras prestaciones.

21. En la prestación Ayuda a domicilio, se actualiza el régimen de compatibilidad con otras prestaciones.

24. En la prestación económica para la asistencia personal a personas en situación de dependencia, se actualiza el régimen de compatibilidad con otras prestaciones.

25. En la prestación económica para los cuidados en el entorno familiar de personas en situación de dependencia, se actualiza el régimen de compatibilidad con otras prestaciones.

26.9. En la modalidad Servicio de apoyo psicológico a víctimas de violencia de género, de la prestación Intervención técnica de apoyo social, se amplía el perfil de las personas beneficiarias y se incluye expresamente a los hijos e hijas a cargo de la mujer víctima de violencia de género y a otras personas dependientes de ella.

26.14. En la modalidad Servicio de tratamiento psicológico a maltratadores, de la prestación Intervención técnica de apoyo social, se delimita el perfil de la persona beneficiaria a hombres que quieran voluntariamente cambiar sus hábitos de comportamiento que puedan originar situaciones de violencia hacia la mujer y, a causa de esa violencia, hacia los hijos e hijas a su cargo y a otras personas dependientes de aquéllas.

26.21. La modalidad Servicio de asistencia sociosanitaria ambulatoria a personas con drogodependencia, de la prestación Intervención técnica de apoyo social, adquiere el carácter de prestación esencial.

27.2. La modalidad Servicio de apoyo para la integración sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia de género, de la prestación Apoyo técnico para la transición al mundo laboral, adquiere la condición de prestación esencial.

28.2. En la modalidad Servicio de atención en centros de día para personas con discapacidad, de la prestación Atención diurna en centros, se actualiza el régimen de compatibilidad con otras prestaciones.

28.3. En la modalidad Servicio de atención en centros de día para personas mayores en situación de dependencia, de la prestación Atención diurna en centros, se actualiza el régimen de compatibilidad con otras prestaciones.

29.4. En la modalidad Servicio de atención en centros de emergencia, casas de acogida y viviendas para víctimas de violencia de género, de la prestación Atención en centros residenciales, se amplía el perfil de las personas beneficiarias y se incluye expresamente a los hijos e hijas a cargo de la mujer víctima de violencia de género y a otras personas dependientes de ella.

29.8. En la modalidad Servicio de atención residencial o en vivienda para personas con discapacidad, de la prestación atención en centros residenciales se actualiza el régimen de compatibilidad con otras prestaciones.

29.11. La modalidad Servicio de asistencia residencial en comunidades terapéuticas para personas con drogodependencia, de la prestación Atención en centros residenciales, adquiere el carácter de prestación esencial.

29.12. La modalidad Servicio de asistencia residencial para personas con problemas de alcoholismo, de la prestación Atención en centros residenciales, adquiere el carácter de prestación esencial.

33. Prestación extraordinaria frente a situaciones de deuda hipotecaria. Se actualiza su regulación.

35. En la prestación Renta Garantizada de Ciudadanía, se actualiza la ficha descriptiva de acuerdo con la modificación operada en su régimen jurídico, que afecta a la regulación de los requisitos y condiciones de acceso y al régimen de compatibilidad.

Artículo 4. Resultado de la evaluación del Catálogo de Servicios Sociales.

A tenor de lo dispuesto en la disposición final primera Ley 16/2010, de 20 de diciembre Vínculo a legislación, de Servicios Sociales de Castilla y León, se publicita como Anexo de esta orden un extracto con el resultado de la evaluación del funcionamiento y aplicación de las prestaciones del Catálogo de Servicios Sociales.

El contenido íntegro de la evaluación estará disponible en el portal web de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, dentro del apartado Catálogo de Servicios Sociales, siendo accesible a través del siguiente enlace www.serviciossociales.jcyl.es.

Disposiciones finales

Primera. Habilitación de desarrollo.

Se faculta al Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León para que dicte las resoluciones administrativas necesarias para la aplicación de esta orden.

Segunda. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de Castilla y León.

Valladolid, 8 de enero de 2019.

La Consejera,

Fdo.: Alicia García Rodríguez

ANEXO

Evaluación del Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León

I. Introducción.

Es objeto del presente Anexo, la publicación del extracto de los resultados obtenidos como consecuencia de la evaluación realizada sobre la aplicación de las prestaciones que forman parte del Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León.

La evaluación del catálogo de servicios sociales que se presenta aquí se realiza en diversas dimensiones. En primer lugar se analiza el contexto legal en el que se fundamenta el propio catálogo. Es importante hacer un análisis de este contexto para determinar el grado con el que las prestaciones tienen una garantía legal para los ciudadanos y cuál es la estructura organizativa y competencial para garantizar que esas prestaciones les lleguen. Al mismo tiempo también se analizará el grado de flexibilidad del catálogo para adaptarse a las necesidades que vayan surgiendo y a la planificación existente en el ámbito de los servicios sociales de Castilla y León. Por último, se hace una descripción de las características internas más relevantes del propio Catálogo en base a dimensiones previstas en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre Vínculo a legislación, de Servicios Sociales de Castilla y León.

En el segundo gran apartado se analiza la cobertura que ha existido en los dos primeros años de aplicación del catálogo, 2015-2016. Se hacen diversos análisis de evolución global y parcial de las prestaciones y de la mayor parte de sus modalidades en función de las agrupaciones más relevantes: Tipos de prestaciones, necesidades atendidas, sectores de población, etc. Además, en función de esas mismas variables se determina el peso relativo que han tenido las prestaciones en el conjunto de los años de aplicación. Por último, se hace un análisis más detallado de los datos más relevantes en cuanto a la evolución de los distintos aspectos, prestaciones y modalidades.

En tercer lugar, se lleva a cabo un análisis del gasto en servicios sociales y en sus prestaciones, tanto desde un punto dinámico y evolutivo como estático y analítico. Así, se evalúa la evolución de la ejecución por parte de las administraciones públicas y el peso relativo de cada una de ellas durante la vigencia del Catálogo. También se plasma la evaluación presupuestaria desde la aprobación del Catálogo con el fin de proyectar posibilidades futuras de mejora del mismo y de su aplicación. Por otra parte, se pone en relación la evolución de la cobertura con la evolución del presupuesto. También se hace un ejercicio analítico de cómo se recogen las prestaciones en el presupuesto.

En cuarto lugar, se ponen en relación los tres apartados anteriores y se analizan los equilibrios entre las tres dimensiones analizadas. Este apartado también permite tener una perspectiva comparada entre la situación de Castilla y León y el resto de Comunidades autónomas en cuanto a las variables que han sido objeto de la evaluación, así como en lo que se refiere a su equilibrio. Para ello se utiliza el “Índice DEC” (derechos, economía, cobertura) desarrollado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, único instrumento en España que permite hacer estos análisis comparados.

Finalmente, la evaluación también incluye un análisis sobre posibilidades futuras de mejora del Catálogo en función de necesidades detectadas y que orientan su desarrollo para un futuro próximo.

II. Marco legal y de ordenación.

Los Servicios Sociales de Castilla y León y, por lo tanto, su catálogo de prestaciones, se enmarcan en un contexto normativo que a nivel estatal emana de la Constitución Española y Vínculo a legislación a nivel autonómico del Estatuto de Autonomía. A nivel más particular, la Ley 16/2010, de 20 de diciembre Vínculo a legislación, de Servicios Sociales de Castilla y León constituye el marco general para el funcionamiento de los servicios sociales de nuestra comunidad y referencia para los distintos desarrollos normativos sectoriales, en los cuales se ha ido concretando el marco de derechos, de actuación y competencial en este ámbito. Por otra parte, la planificación, tanto sectorial como estratégica, es otro elemento esencial que condiciona las modificaciones y la evolución del catálogo de prestaciones. Por este motivo, es necesario analizar todo este acervo legal que permita reflejar la situación actual del Catálogo de Servicios Sociales de nuestra Comunidad y las modificaciones que ha sufrido como consecuencia de las nuevas necesidades detectadas y de las prioridades establecidas en la planificación.

Desde la aprobación en 2010 de la Ley de Servicios Sociales, en la concepción de los servicios sociales en Castilla y León se ha producido una importante evolución, encaminada a configurar un sistema de protección social garantista, basado en derechos y sustentado en la responsabilidad pública, abandonando, por lo tanto, definitivamente los modelos de beneficencia y asistencialistas, hasta entonces preponderantes en España.

Las prestaciones del Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León tienen un fuerte soporte legal, tanto en la garantía que supone el reconocimiento en el propio Estatuto de Autonomía del derecho de acceso a los ciudadanos de Castilla y León a los servicios sociales, y de otros derechos específicos por grupos de población, como en las leyes que configuran el sistema de derechos de los usuarios de los servicios sociales en Castilla y León.

Además, a través de este conjunto normativo, se ha diseñado un sistema de servicios sociales de responsabilidad pública para la atención a los ciudadanos en el que participan las administraciones autonómica y local a través de la distribución competencial que la legislación autonómica ha realizado en base a las atribuciones que la normativa estatal le confiere, mediante la cual ha atribuido competencias propias a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales. También, con carácter subsidiario, en este sistema tiene su espacio la iniciativa social a la hora de proporcionar muchas de las prestaciones contenidas en el Catálogo.

En este sentido, el Catálogo evoluciona de manera flexible en base a la alta planificación de la actividad pública que se concreta en siete planes vigentes en la actualidad y especialmente en múltiples compromisos recogidos en la planificación estratégica.

Con la actualización del Catálogo realizada en esta orden después de tres años de aplicación, se avanza con el incremento de prestaciones y modalidades disponibles para los ciudadanos, un total de 19, más la nueva regulación del servicio de distribución coordinada de alimentos que se hace en la Ley 4/2018, de 2 de julio Vínculo a legislación, hasta llegar a un total de 128, y con la mejora sustancial de otras 24 ya existentes, en aspectos como las condiciones de acceso, su compatibilidad con otras prestaciones o reconociéndoles el carácter de prestación esencial. Asimismo, se refuerza la profesionalización de la atención.

No obstante, es necesario analizar a continuación cómo ha evolucionado la cobertura de este Catálogo, cuál ha sido su uso en general y en particular en función del tipo de necesidades atendidas, de los grupos de población o de su carácter esencial o no. Un sistema de derechos fuerte no garantiza de por sí que en la realidad las personas se beneficien de ellos si no se ponen los medios para su uso y acceso ni los recursos financieros necesarios. Estos dos aspectos, cobertura y medios económicos, serán motivo de análisis en los siguientes apartados.

III. Cobertura.

En este apartado se presentan los datos referidos a distintas prestaciones y de las modalidades más representativas por un lado agrupados con diversos criterios (tipos de prestaciones, necesidades atendidas, grupos de población, etc.); y por otro, de una manera evolutiva a lo largo de dos años (de 2015 a 2016) mediante gráficas de barras; y de manera estática, mediante volúmenes de atención en el conjunto del período analizado y peso relativo de cada agrupación de prestaciones y representado mediante tartas.

Durante los dos primeros años de la aplicación del catálogo, 2015 y 2016, y desde la aprobación del mismo en diciembre de 2014 ha habido un incremento general de las prestaciones de un 6,4%, lo que supone más de 91.000 prestaciones más; de tal manera que en 2016, unos 600.000 ciudadanos de Castilla y León, recibieron un total de más 1,5 millones de prestaciones.

Dicho incremento fue generalizado, independientemente de las agrupaciones que hagamos en función del tipo de prestación, la necesidad que atendieron, los grupos de población a los que fueron destinadas, tipo de prestación, su carácter de derecho subjetivo o no, o si requirieron aportación de los usuarios.

No obstante, los mayores crecimientos se registraron en las prestaciones que, según su tipo, reconocían derechos, suponían apoyo a la autonomía personal y se proporcionaban en el contexto comunitario.

En cuanto a las necesidades que se atendieron, los mayores incrementos se registraron en las prestaciones relacionadas con el entorno familiar y convivencial, y las dirigidas a facilitar el plan de vida y la toma de decisiones de las personas.

En cuanto a los grupos de población atendidos, los aumentos se centraron fundamentalmente en la atención a las situaciones de dependencia, a la discapacidad y a los compartidos por todos los sectores.

Además, crecieron más significativamente las prestaciones de carácter esencial, es decir, las que suponían derechos subjetivos, las que fueron de carácter gratuito y los servicios profesionales frente a las prestaciones económicas.

En cuanto a la frecuencia o volumen de las prestaciones, durante 2015 y 2016 el tipo de prestación más frecuente dentro de las de acceso al sistema fue la de información sobre derechos y prestaciones, y dentro de las de intervención social la de prevención. La necesidad que más atenciones recibió fue la relacionada con el entorno familiar y convivencial. El grupo de población que consumió más recursos fue el de personas mayores junto con la atención a la dependencia. Las prestaciones esenciales supusieron casi cuatro quintas partes de todas las prestaciones. Más del 70% fueron de carácter gratuito y más del 90% fueron servicios profesionales.

Por otra parte, a pesar de que la evaluación se realiza sobre dos años, se puede observar claramente algunas tendencias muy marcadas en función de una menor demanda de unas prestaciones e incremento de otras, que nos permiten vislumbrar el futuro. Un caso muy relevante se refiere a la brusca disminución de prestaciones como el servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio o, vinculado a éste, la disminución de la prestación económica para hacer frente a situaciones también de desahucio. Igualmente algunos incrementos de la demanda son altamente significativos como es el caso de aquellas prestaciones relacionadas con atención a la dependencia que han tenido que ver con la incorporación del Grado 1 de dependencia y con una mayor confianza de las personas en el funcionamiento de las administraciones, lo que ha repercutido en un significativo incremento de la demanda de valoraciones y prestaciones.

Una síntesis de los datos considerados más relevantes se puede ver a continuación:

Evolución de los totales de prestaciones (2014-2016): Incremento del 6,4% en el conjunto de las prestaciones. Incremento de 91.339 prestaciones. Más de 1.5 M de prestaciones en 2016. Análisis por tipo de prestaciones: Los ocho tipos de prestaciones se incrementan, a excepción de las de apoyo a la familia por el brusco descenso de los desahucios. Sin este efecto, también existe incremento. Las prestaciones para el acceso al sistema de servicios sociales se incrementaron un 7,8%. Incremento del 10% en las prestaciones orientadas al apoyo a la autonomía personal, y las que suponen atención social desde el contexto comunitario. El mayor volumen de las de atención social es de prestaciones de prevención, con un 35,2% del total. Análisis por necesidades atendidas: Crece el número de prestaciones orientadas a todas las necesidades. Mayor crecimiento de prestaciones orientadas a apoyar el entorno de la convivencia familiar, y la permanencia en el propio domicilio, con un 7,3%. En volumen, destaca con un 36,9% las dirigidas a la información, orientación y valoración, seguidas de las destinadas al apoyo para la vida diaria y el desarrollo de la autonomía personal, con un 23,5% del total, y a la protección e integridad personal, con un 17,4%. Análisis por grupos de población atendida: Todos incrementan atención excepto drogodependencias que se mantiene. Las prestaciones que más crecen: Violencia de género (9%), situación de dependencia (8,5%) y discapacidad (6,2%). El mayor volumen las dirigidas a todos los grupos de población (46,5%). De volumen de las prestaciones destinadas a colectivos concretos destacan personas mayores (33,6%), personas en situación de dependencia (26,0%) y personas con discapacidad (16,1%). Análisis en función de su naturaleza esencial: Crecen las esenciales y las no esenciales. Las esenciales crecen el triple que las no esenciales (7,9% frente a un 2,0% %). Las prestaciones esenciales representan el 76,0% del volumen total. Análisis en función de la aportación del usuario: Las prestaciones gratuitas crecen más del doble que las no gratuitas (7,8%, frente a un 3,2%). En cuanto al volumen de prestaciones gratuitas representan el 71,0% del conjunto. Análisis relativo a si son servicios o prestación económica: Los servicios crecen más que las prestaciones económicas, con un (6,6%, frente a un 4,0%). El mayor volumen de las prestaciones son servicios (91,8%).

IV. El gasto.

Un sistema de prestaciones sociales altamente garantista, con una tendencia clara a fundamentarse en derechos y con una cobertura amplia y creciente debe tener su reflejo en un gasto que sea coherente con el volumen y la tendencia al incremento. Por eso, a la hora de evaluar la aplicación del Catálogo de Prestaciones de Servicios Sociales en Castilla y León, es necesario evaluar también cómo ha evolucionado el presupuesto y en qué medida refleja el estado actual del nivel de prestaciones.

Castilla y León cuenta con un presupuesto de cuantía en crecimiento significativo y sostenido desde la implantación del Catálogo de Servicios Sociales, que ha permitido, por un lado, acometer durante los años 2014 a 2016, un crecimiento relevante en las prestaciones que se ha proporcionado a los ciudadanos (un 4,6% más) y por otro, una ampliación (15 prestaciones nuevas, más la nueva regulación del servicio de distribución coordinada de alimentos que se hace en la Ley 4/2018, de 2 de julio Vínculo a legislación ), y mejoras sustanciales de las prestaciones (24 prestaciones mejoradas) existentes en dicho Catálogo. Estos incrementos han tenido su reflejo en los distintos subprogramas de los que se compone el presupuesto, que a su vez recogen las cuantías necesarias para garantizar la financiación de las diferentes prestaciones, ya sea a través de la gestión directa o mediante transferencias a las corporaciones locales y al sector privado.

Además, ese crecimiento se está manteniendo de cara al futuro (21% de 2015 a 2018), lo que permitirá continuar con los incrementos de las atenciones y las ampliaciones en función de las necesidades detectadas.

Por otra parte, se debe contabilizar en este apartado el gasto efectuado por las entidades locales en las prestaciones que le corresponden, como agentes titulares de diversas prestaciones, dentro del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública (con un gasto superior al 18%). Ello ha permitido superar por primera vez en 2016 la barrera de los 1.000 M€ (1.040,27 M€).

Además, también se ha comprobado cómo las prestaciones tienen su garantía de financiación en el presupuesto a través de los diferentes subprogramas, capítulos y conceptos y como se articulan a lo largo de todo el presupuesto.

Por último, se ha analizado el origen de las diversas aportaciones al presupuesto y las transferencias que desde la administración autonómica se realizan a las corporaciones locales para el desempeño de sus competencias y obligaciones recogidas en la legislación autonómica para proporcionar prestaciones a sus ciudadanos a través del Acuerdo Marco de cofinanciación. Este instrumento ha contribuido a dar estabilidad al sistema y es una garantía de continuidad y estabilidad de las prestaciones, además de haber gozado en los últimos años de incrementos presupuestarios muy significativos y por encima de la media del crecimiento del presupuesto de la administración autonómica.

V. El equilibrio entre los derechos, la cobertura y el gasto en servicios sociales.

El marco legal en el que se sustenta el derecho de los ciudadanos a los servicios sociales y a las prestaciones que conlleva, la cobertura real que proporcionan estas prestaciones, y el gasto que éstas generan, son tres elementos fundamentales a la hora de evaluar el funcionamiento de un sistema de servicios sociales y se relacionan entre sí en diferentes formas. El cómo estén desarrollados estos tres elementos y el grado de equilibrio en las relaciones que guardan entre ellos sirven para caracterizar su grado de evolución y nos permiten establecer diversas tipologías de sistemas que sirven de referencia para hacer juicios de valor y análisis comparados.

Así, un buen desarrollo de la dimensión de los derechos y una cobertura escasa se trataría de un sistema que se ha venido en llamar de “derechos de papel”, pues se caracteriza por existencia de normas que reconocen derechos que en la práctica no se ejercen.

Un aceptable nivel de cobertura pero con escaso desarrollo normativo en el que se sustenten las prestaciones es un sistema “frágil y de riesgo”, al faltar el compromiso a través de las normas que sirvan de sustento estable de esas prestaciones.

Por otra parte, un nivel de cobertura aparentemente aceptable pero, proporcionalmente, con bajo nivel de gasto daría lugar a un sistema de prestaciones “low cost”. En este sentido, mantener un sistema amplio de prestaciones, pero a muy bajo coste, significa que las prestaciones que se proporcionan son de baja calidad, o de muy baja intensidad que sólo cubren un rango limitado de necesidades.

Mientras que un nivel de gasto desproporcionadamente alto en relación al nivel de cobertura ofrecida indica que estamos ante un sistema “ineficiente”.

Por último, tendríamos el tipo “equilibrado” en el que existe una buena relación entre las tres variables y, por lo tanto, su desarrollo es armónico. En este caso tendremos un “continuum” de situaciones; desde el nivel más bajo o insignificante, que presenta un mínimo desarrollo en las tres dimensiones y, por lo tanto, a pesar de su equilibrio interno, es el peor de los tipos, ya que, en su caso, realmente no existe un sistema de servicios sociales propiamente dicho o está escasamente desarrollado, hasta el nivel más alto en el que las tres variables (derechos, cobertura y gasto), obtiene un alto nivel de expansión y que debe ser la aspiración a la que tiendan los sistemas de protección social.

El sistema de servicios sociales de Castilla y León, en cuanto a sus prestaciones, es uno de los más avanzados de España, tanto en su conjunto como en cada una de las tres dimensiones analizadas: “Derechos”, “gasto” y “cobertura”. Por lo tanto, se trata de un sistema evolucionado y equilibrado en sus tres dimensiones. Además, es un sistema que funciona de manera muy eficiente para proporcionar un alto número de prestaciones y servicios en un contexto legal de máximas garantías para los ciudadanos y de alta ordenación y planificación. Por otra parte, mantiene una tendencia clara a seguir mejorando su nivel de desarrollo y su posición relativa en relación a otras Comunidades Autónomas y al conjunto de ellas.

VI. Conclusiones.

A través de esta evaluación se han analizado tres dimensiones del sistema de prestaciones de servicios sociales de nuestra Comunidad: El marco normativo y de ordenación, la cobertura de las prestaciones y el gasto.

Además se ha realizado un análisis de la relación y equilibrio entre estas dimensiones, lo que a su vez también nos ha permitido un análisis comparado con el resto de España para poder establecer una valoración en términos relativos.

En relación a la primera variable, el marco normativo y de ordenación, podemos concluir que Castilla y León cuenta con una amplia regulación legislativa (13 Leyes y sus respectivas normas de desarrollo) que contempla un detallado abanico de derechos de los usuarios, anclados en primer término en el Estatuto de Autonomía, recogidos en la Ley de Servicios Sociales y en la diversa regulación sectorial y posteriormente plasmados de manera ordenada en el Catálogo de Servicios Sociales, aprobado por el Decreto 58/2014, de 11 de diciembre Vínculo a legislación.

En el sistema de prestaciones adquiere protagonismo tanto la Administración autonómica como la local, siendo ésta última titular de un amplio número de prestaciones.

Este Catálogo ha continuado perfeccionándose y ampliándose a los largo de sus tres años de vigencia mediante la ampliación de nuevas prestaciones o modalidades de prestación e introduciendo mejoras sustanciales en las ya existentes.

El conjunto de las 128 prestaciones y modalidades se caracteriza por ir dirigido a la atención de necesidades de las personas claramente identificadas, por el predominio de las prestaciones que son derechos subjetivos y que son de carácter gratuito, por la alta presencia de servicios profesionales, por la alta responsabilidad pública en su dispensación directa y también en muchos casos exclusiva, y por un reparto de competencias entre las Administraciones autonómica y local.

Además, el desarrollo de estas prestaciones se realiza en un contexto de alta ordenación y organización del sistema, especialmente de la planificación, con 7 planes, 6 sectoriales y uno de carácter estratégico, que apunta ya a futuros desarrollos de las prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública y, por ende, del Catálogo.

Este marco normativo y de ordenación, ha supuesto el abandono para Castilla y León del modelo tradicional de atención asistencialista, articulado exclusivamente en torno a sectores concretos, y la adopción de un modelo basado en el reconocimiento de los derechos a las personas, orientado a la atención de sus necesidades, situando a las personas individuales en el centro de la atención social.

De la evaluación realizada sobre la cobertura de las prestaciones, podemos concluir que, desde la aprobación del Catálogo de Servicios Sociales el sistema de prestaciones ha ido creciendo en los aspectos siguientes:

El número de atenciones se ha incrementado en prácticamente todas las variables (tipo de prestaciones, grupos de personas atendidas, tipo de necesidades), por encima de 1,5 M.

Las necesidades que sufrieron más incremento de atención fueron las relacionadas con el entorno familiar y convivencial y las dirigidas a facilitar el plan de vida y la toma de decisiones de las personas.

Los grupos de población que más aumentaron la atención fueron, las situaciones de dependencia, la discapacidad y los compartidos por todos los sectores.

En esta misma tendencia, la provisión de las prestaciones está evolucionando a:

Incrementar las prestaciones esenciales, o sea, las que conllevan el reconocimiento de derechos subjetivos.

Minorar la aportación económica que deben satisfacer los usuarios como contraprestación por los servicios recibidos.

Proporcionar más prestaciones profesionalizadas que ayudas económicas.

En cuanto al peso relativo de unas prestaciones frente a otras, durante 2015 y 2016, los tipos de prestaciones más frecuentes fueron:

Dentro de las de intervención social propiamente dicha, las de prevención y las de apoyo a la autonomía personal.

En el ámbito de las necesidades, las relacionadas con la información, la orientación y valoración, y las de apoyo para la vida diaria y desarrollo de la autonomía personal.

En cuanto al grupo de población, el de personas mayores junto con la atención a las personas en situación de dependencia.

En relación a su naturaleza las prestaciones esenciales supusieron casi cuatro quintas partes de la atención dispensada.

En cuanto a su gratuidad, las de carácter gratuito supusieron el 70% del total.

Los servicios profesionales representaron más del 90 % de las intervenciones.

En resumen, de la evaluación realizada del Catálogo de Servicios Sociales, se deduce que el sistema de atención en Servicios Sociales de Castilla y León se configura como un sistema de atención altamente profesionalizado, fundamentalmente gratuito y basado en el reconocimiento de derechos subjetivos, dirigido con carácter general a la adopción de medidas de carácter preventivo, que promuevan la autonomía personal y que se proporcionen en el medio comunitario de las personas.

La tendencia de los últimos años refleja una mejora en todos los ámbitos, necesidades y grupos de población, pero más aún en el ámbito de la promoción de la autonomía personal, la toma de decisiones y la atención a las situaciones de dependencia y discapacidad. Además, sigue creciendo en el reconocimiento de derechos y en la profesionalización.

De todo ello, se puede deducir que el sistema de servicios sociales es un sistema capaz de adaptarse a las necesidades emergentes con nuevas prestaciones; lo que ha sido posible gracias al incremento sostenido de los presupuestos de las Administraciones implicadas en los últimos años (más de un 21% en 4 años) y habiéndose superando los 1.000 M€.

Por otra parte, se puede comprobar cómo las prestaciones se proporcionan en un contexto de alto equilibrio entre las dimensiones de derechos y esfuerzo económico. Este equilibrio permite la configuración de uno de los sistemas de servicios sociales más evolucionados de nuestro país, con un marco de derechos muy garantista para los usuarios, fruto del esfuerzo económico realizado, acorde con un alto nivel de cobertura y en tendencia creciente a fin de abordar nuevos retos gracias la evolución del esfuerzo presupuestario.

VII. Nuevas necesidades de atención y mejoras futuras.

Son variadas y diversas las mejoras que deben acometerse en las prestaciones del sistema de servicios sociales de Castilla y León, y por lo tanto en su Catálogo. Muchas de estas mejoras ya han sido recogidas en la planificación sectorial que, en este momento, se está desarrollando y, especialmente, en el recientemente aprobado Plan Estratégico de Servicios Sociales. Por lo tanto, hay que remitirse a esta planificación para conocer aquellas mejoras que habrán que acometerse en el futuro. No obstante, se considera la oportunidad de destacar en este punto, las más significativas.

En la presente actualización del Catálogo se han incorporado varias de las prestaciones que ya estaban previstas en la planificación sectorial; en total se han incluido 19 nuevas prestaciones.

En este sentido, se han añadido al Catalogo prestaciones como el Servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio por deuda hipotecaria, la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria, la prestación económica frente a situaciones de deuda por alquiler de vivienda habitual, el servicio de provisión inmediata de alimentación o el servicio de distribución coordinada de alimentos, cuya regulación está prevista en la Ley 4/2018, de 2 de julio Vínculo a legislación, de ordenación y funcionamiento de la Red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León.

En este momento, las nuevas necesidades de atención requieren la regulación específica de las prestaciones de la asistencia personal, la teleasistencia avanzada y el servicio de apoyo al Proyecto Vida. Prestación, esta última, de carácter estratégico por su novedad, por lo que supone de reconocimiento a la dignidad de las personas y a la calidad en su atención, y por su carácter transversal para todos los grupos de población a lo largo del ciclo vital de las personas.

En cuanto al incremento de la frecuencia de uso de algunas prestaciones, cobran especial relevancia, aquellas destinadas a mantener a las personas en su entorno, como es la teleasistencia, la ayuda a domicilio o, en general, las intervenciones de carácter técnico en el medio familiar y comunitario. Además, es preciso prever un incremento en todas las prestaciones destinadas a la prevención y atención a la dependencia, dado el proceso de envejecimiento de la población, con el incremento de la esperanza de vida y la demanda creciente y sostenida de atención por parte de la población, especialmente mayor de 80 años. Dentro de estas, tendrán un singular impacto la asistencia personal y la teleasistencia avanzada, sobre la que existen muy recientes acuerdos en el marco del Diálogo Social para su impulso.

Otro ámbito de crecimiento significativo en su demanda y uso serán las prestaciones destinadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que ocupan un lugar destacado en el Catálogo de prestaciones de servicios Sociales. En el momento de finalizar esta evaluación se está concluyendo la tramitación del Proyecto de Ley por el que se promueve la adopción en el ámbito público y privado de medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y a la eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León, cuyo desarrollo y aplicación se prevé que tengan un impacto relevante en un futuro próximo en la cobertura de determinadas prestaciones.

La mejora del acceso a las prestaciones será otro elemento nuclear en los próximos años, mediante la reducción de los plazos de acceso a las prestaciones, especialmente en el ámbito de la atención a la dependencia, así como de los plazos legales para el reconocimiento de este derecho, mejoras que vendrán de la mano de la plena aplicación de la Orden FAM/6/2018, de 11 de enero Vínculo a legislación, por la que se regulan las prestaciones del sistema de atención a la dependencia.

Otra área de mejora serán los avances en la administración electrónica, que junto con el nuevo marco normativo sobre protección de datos de carácter personal, facilitarán la relación de los ciudadanos con la administración y el acceso a las prestaciones.

Del mismo modo, habrá que seguir avanzando en la mejora de la información y de su calidad en relación a las prestaciones del propio Catálogo. El sistema de servicios sociales es muy complejo debido a la alta fragmentación de las competencias y de los proveedores de las mismas, así como de los mecanismos de relación entre las administraciones y entre éstas y los actores privados. Por ello, será un objetivo importante la búsqueda de la exactitud de los datos que resulten precisos para alcanzar la finalidad de atención pretendida por los destinatarios de las prestaciones del Catálogo, así como la disminución de los tiempos para disponer de ellos, para lo que habrá que desarrollar sistemas automatizados de recogida de datos, procurando la interoperabilidad entre los sistemas implicados en dicha atención.

En futuras evaluaciones habrá que profundizar en determinados parámetros de análisis, especialmente, en lo que respecta a zonas rurales y urbanas, al género de los destinatarios, o edad de los mismos, entre otros. A este fin, será una pieza fundamental la culminación del proceso de construcción de la historia social única de los usuarios de los servicios sociales.

Igualmente, es necesario profundizar en el análisis económico de los costes de los servicios y, especialmente, en su impacto no solo presupuestario sino también económico en el ámbito de nuestra Comunidad, y en particular, su repercusión en el empleo. En este ámbito, constituirá un instrumento novedoso que, sin duda aportará un valor añadido al sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, la futura regulación del denominado concierto social, al amparo de las previsores recogidas en la normativa en materia de contratos del sector público.

También serán precisos estudios de análisis coste-beneficio para que se visibilice cómo, en muchas ocasiones, el gasto en servicios sociales puede ser realmente una inversión, pues puede producir disminución del gasto público si es capaz de hacer a las personas menos dependientes de los servicios públicos y es fuente de retorno a las haciendas públicas a través de la mejora en la capacidad de gasto de los usuarios y por el empleo generado. Especialmente relevante para ello son los programas de carácter preventivo y los que suponen una intervención temprana en las dificultades sociales.

Por último, para poner en contexto el esfuerzo realizado con esta evaluación, hay que resaltar que, hasta el momento, son todavía pocas las Comunidades Autónomas que han desarrollado su catálogo de servicios sociales, y menos aun las que han publicado una evaluación de la aplicación del mismo. No obstante, dentro del proceso de mejora continua en el que estamos inmersos, en la planificación sectorial y, especialmente, en el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Castilla y León, se han previsto mejoras sustanciales que afectarán a futuras actualizaciones, tanto del Catálogo de servicios sociales, como de las siguientes evaluaciones que se efectúen.

El contenido íntegro de la evaluación realizada puede consultarse en el portal web de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, dentro del apartado Catálogo de Servicios Sociales, siendo accesible a través del siguiente enlace www.serviciossociales.jcyl.es.

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