MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, ha detallado esta inversión del Gobierno durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid.
De la inversión global, 1,45 millones tienen como finalidad la mejora de los accesos ya existentes en los juzgados mientras que los restantes 1,05 millones de euros se destinan a nuevas actuaciones en las sedes judiciales.
"Se trata de una prioridad absoluta de este Gobierno que enfocamos prestando atención a los profesionales de la Administración de Justicia, renovando sus infraestructuras y acercando la Administración al ciudadano", ha recalcado.
Ibarrola ha explicado que, a la hora de identificar las actuaciones necesarias para eliminar las barreras físicas existentes en las sedes judiciales de la región, la Consejería de Justicia cuenta con un análisis técnico detallado elaborado por la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA).
Asimismo, ha incidido en que "el esfuerzo inversor de la Comunidad en esta materia" ha permitido ya acometer actuaciones como las llevadas a cabo en la sede judicial unificada de Aranjuez, en la Audiencia Provincial, en el nuevo edificio judicial del núcleo penal en Madrid (en la zona de San Blas) o en los accesos de los juzgados de Plaza de Castilla.
"Estamos en el Gobierno para servir al ciudadano y, particularmente, a aquel que más dificultad tenga para acceder a la Administración, relacionarse con ella o ejercer su labor", ha indicado.
Al respecto, la consejera ha apuntado que "esta medida favorece, también, la igualdad de oportunidades en el desempeño de la labor pública".
Esta inversión en accesibilidad supone más del 12 por ciento del Plan de Modernización de las infraestructuras judiciales, que cuenta con un presupuesto de 19,7 millones de euros para este ejercicio, casi el triple que en 2017 y 30 veces más que al comienzo de la legislatura.
Este plan tiene como ejes las medidas de mantenimiento, mejora y reforma en las sedes judiciales de la región; las relacionadas con la seguridad; y la reubicación y reunificación de las sedes que se encuentran en peor estado o en las que se han detectado necesidades significativas de espacio.
