BILBAO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
La sentencia, hecha pública este viernes, condena a los acusados, de haber actuado "con culpa grave" que "agravó la insolvencia" por la compra de unos terrenos, el anticipo de cantidades a la empresa constructora y el retraso en la solicitud de concurso de una planta de purines en Karrantza que no llegó a construirse. De esta forma, la Audiencia ha estimado en parte el recurso de apelación interpuesto por la Administración Concursal y la Abogacía del Estado.
La sentencia condena a quien fue en inicio administrador único de Karrantzako Minda, Ángel María Ruiz Quintano, al consejero delegado del Consejo de Administración tras cesar como director del gobierno vasco, Martín Ascacibar Gregorio, y al resto de integrantes del órgano de dirección, entre ellos el exalcalde de Karrantza José Luis Portillo (PNV), además del exconcejal José Ignacio Muro, del mismo partido, Manuel Fisure y Vicente Albisua. El fallo exonera, sin embargo, a Ipar Kutxa.
La resolución, dictada el 11 de septiembre, revoca la dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao, que calificó el concurso de Karrantzako Minda de "fortuito" y desestima las peticiones del Fiscal y la Administración Concursal de que se considerara culpable.
DIEZ MILLONES EN AYUDAS
La sentencia afirma que la empresa, integrada inicialmente por la cooperativa de ganaderos del Valle de Carranza y Enerminde S.L, con un capital social de 3.029 euros llegó a recibir más de diez millones de euros en subvenciones del Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y Ministerio de Ciencia e Innovación, para la construcción de una planta de tratamiento de los desechos orgánicos de la cabaña ganadera del valle de Carranza, que nunca se llegó a llevar a cabo.
Según recoge la Audiencia, la sociedad limitada se creó en 2005 impulsada por la preocupación del Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco por el tratamiento medioambiental de los purines que generaba la ganadería vacuna en el valle.
El entones director de Innovación y Desarrollo Tecnológico Martín Ascacibar Gregorio se reunió con los ganaderos para propiciar la constitución de esta sociedad privada, en la que además de los ganaderos inicialmente formó parte Enerminde, sociedad de la que eran propietarias, en una tercera parte, Eptisa-Cinsa, Levenger y Ade Biotec S.L.
La resolución asegura que Ade Biotec compró posteriormente la participación de las otras dos, y al firmar el 10 de octubre de 2008 un contrato con Karrantzako Minda S.L. por 11 millones y medio de euros para construir la planta, vendió su parte a la cooperativa de ganaderos y dejó la sociedad.
CULPA GRAVE
Los magistrados coinciden con la Administración Concursal al considerar que la compra, en 2007, de unos terrenos en Matienzo para instalar la planta, en los que no pudo construirse porque la Agencia Vasca del Agua URA estimó "inidóneos" por las filtraciones, "constituye culpa grave" al no pedirse estudios geológicos y obligó a comprar otro terreno en Las Torcachas, lo que "incrementó los costes" y "contribuyó a demorar el inicio de las obras".
También rechazan, como argumentan los acusados, que no haya responsabilidad porque un informe encargado por el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Tecnológico Neiker, que fue encargado a Eptisa-Cinsa, recomendara el terreno de Matienzo, ya que se basó en "razones exclusivamente logísticas" y, además, no procedía "de un técnico ajeno a la sociedad, sino indirectamente vinculado a ella".
