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Ley de protección de testigos

Justicia y el Defensor del Pueblo abogan por reformar la ley de protección de testigos para dar garantías a los denunciantes

01/08/2018
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El Secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, y el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, han coincidido este martes en la necesidad de reformar la ley de protección de testigos con el fin de ofrecer mayores garantías a aquellas personas que deciden colaborar con la Justicia y denunciar la comisión de delitos.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Así lo han manifestado en una reunión de trabajo, donde Dolz ha aprovechado para expresar la voluntad de Justicia de reforzar el diálogo y la cooperación con el Defensor del Pueblo, según ha informado en un comunicado el Ministerio.

La reforma de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales figura entre las recomendaciones contenidas en el Informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2017. Asimismo, es una de las propuestas que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, expuso durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el pasado día 11.

Según explicó Delgado a los diputados es imprescindible implantar instrumentos que protejan a "aquellos que en un ejercicio de responsabilidad ciudadana se atreven a dar el paso de alertar sobre la comisión de delitos relacionados con la corrupción" y así "frenar el aumento de las intimidaciones o el miedo a sufrir represalias".

NORMA SUPERADA POR LAS "NUEVAS FORMAS DE DELINCUENCIA"

En esta misma línea, Dolz y Fernández Marugán han destacado que la ley de protección de testigos debe ser reformada porque es "una norma que nunca ha sido actualizada ni tampoco ha sido objeto de desarrollo reglamentario y que, por tanto, ha quedado obsoleta y se ha visto superada por las nuevas formas de delincuencia".

Por su parte, el secretario de Estado ha enfatizado que las denuncias realizadas por los ciudadanos ante la comisión de un delito, así como las declaraciones judiciales de los testigos en el curso de las investigaciones penales son una "importante forma" de colaboración con la Justicia, por lo que debe poder prestarse con todas las garantías.

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