BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
Según el escrito, el TSJC acuerda dicha suspensión solicitada por la CNMC porque las autorizaciones VTC son títulos estatales gestionados a escala autonómica, tal y como recoge el artículo 182.2 del reglamento de la Ley de ordenación de los transportes terrestres, por lo que "la AMB carece de competencia para reglamentar la intervención del arrendamiento de vehículos con conductor VTC".
Asimismo, considera que tampoco puede imponer en su ámbito territorial una autorización añadida a la estatal y "menos aún" para reglamentar la intervención y regular las autorizaciones con efectos retroactivos, limitando el número total de autorizaciones, puesto que no hay normativa que ampare que este ente metropolitano pueda asumir dichas competencias.
Este jueves se celebró una vista sobre la medida cautelar de suspender el reglamento en la que la abogada de la CNMC rechazó el reglamento porque invade competencias estatales y afecta a la libre competencia, y la letrada de la AMB y los representantes del taxi defendieron la potestad de la entidad metropolitana de regular el sector por cuestiones medioambientales y de presencia de vehículos en la ciudad.
El sector del taxi ha mantenido este miércoles y jueves dos jornadas de huelgas y movilizaciones para protestar por la suspensión de este reglamento que obliga a una segunda autorización para los VTC que solo operan en el área metropolitana, ya que aseguran que de no aplicarse el taxi puede sufrir una caída de ingresos del 33%.
AFECTACIONES
El TSJC admite en su auto que "es consciente que la suspensión cautelar del reglamento puede perjudicar el sector del taxi; sector, éste, que puede resultar gravemente afectado por la competencia" de los VTC, al mismo tiempo que los titulares de estas licencias también se verían afectados de alzarse la suspensión.
También asume que las autorizaciones VTC pueden incidir 'de facto' en aspectos de movilidad, tráfico, y la calidad ambiental atmosférica, e incidencia en la salud de las personas, "pero la ponderación de esos intereses no puede decidir la cuestión que aquí se plantea".
En el escrito, el tribunal afirma que la AMB sí tiene potestad reglamentaria y de intervención administrativa en relación con el taxi, pero no respecto del arrendamiento de vehículos con conductor y "hoy por hoy no resulta posible asimilar los servicios del taxi y los prestados por los vehículos VTC.
Tras conocer la decisión, la asociación de taxistas Élite Taxi la ha tachado de "verdadero escándalo" y prevé acciones de protesta que aún no han concretado.
