PROTEGER NO ES PROHIBIR
El reciente cambio de Gobierno ha deparado la ocasión de llamar la atención sobre una serie de asuntos pendientes en materia ambiental, cuya resolución recae en un nuevo equipo comandado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera Rodríguez. Este Ministerio de nuevo cuño nos ofrece la oportunidad de pedir y proponer soluciones innovadoras para las viejas cuestiones sin resolver en materia medioambiental. Por ejemplo, una gestión razonable de los espacios naturales y de la Red Natura 2000, que armonice y proteja equilibradamente los diversos intereses.
Como abogada he advertido de las gravísimas consecuencias que entraña la deficitaria aplicación de la directiva europea Hábitats. Recordemos que en 2015 la Comisión Europea abrió un expediente de infracción a España por su retraso en la elaboración de los planes de gestión de Red Natura. Por otro lado, son múltiples las sentencias del Tribunal Supremo y de otros tribunales que han señalado déficits, carencias e ilegalidades en muchas de las normas de desarrollo medioambiental.
La filosofía y política de la protección natural deberían englobar también, como elemento complementario y no opuesto a la conservación, el derecho al desarrollo socioeconómico del rural, a la utilización racional de los recursos naturales y a la compensación por las restricciones de derechos que estas normas suponen. Es desde esta visión como debe afrontarse la normativa de desarrollo de los planes de uso y gestión y de declaración de espacios. Sin embargo, esto no se produce. En su mayor parte son mera retórica, sin planificación de ningún tipo y sin dotación económica, excepto el reparto de subvenciones entre los ecologistas. También nos encontramos con documentos, como el demoledor informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo de 2017, que dejó en evidencia que la gestión en España no era “suficientemente buena”, al no evaluarse correctamente los proyectos, además de no haberse dado un uso adecuado a los fondos comunitarios.
Si logramos armonizar la protección con el desarrollo de actividades rentables en el medio natural contribuiremos a poner freno a la despoblación y a motivar a la gente joven y formada a “emprender” también en la zona rural. La implantación de las nuevas tecnologías y la mejora de los medios de comunicación, que no tiene por qué ser incompatible con la protección, permiten desarrollar actividades en estas áreas, desterrando la vieja lacra del aislamiento que empujó a diferentes generaciones y, todavía a los jóvenes, a la huida hacia la ciudad en busca de oportunidades. Fijémonos en el caso de Asturias, paradigma de la protección, con su lema “paraíso natural”, donde la diáspora de la juventud es cada vez mayor, llegando a alcanzar un 40 por ciento la caída de población joven.
Muchas comunidades autónomas, apremiadas por el Ejecutivo central, hicieron los deberes, aprobando los planes de gestión y uso de Red Natura de forma apresurada y negligente, dando luz verde a documentos carentes de estudios y análisis técnico-científicos rigurosos; sin dotaciones económicas para compensar a los afectados por férreas figuras de protección, que vulneraban sus derechos, cuando no cercenaban hasta hacerlas insostenibles, sus fuentes de ingresos. La situación es más sangrante si se tiene en cuenta que España es el país que más aporta a Red Natura, representando casi una tercera parte de la superficie total del territorio. Cifras de tal magnitud deberían convertir ésta en una cuestión de primerísimo orden. Nada más lejos de la realidad hasta ahora.
Saber cómo se encuentra hoy en día la implantación de Red Natura en España constituye una incógnita. El último informe del antiguo Mapama sobre cumplimiento de Hábitats solo abarca hasta 2012. El nuevo debería conocerse en 2018. Veremos si el vuelco político no se traduce en demoras.
Somos conscientes de que en estas primeras semanas de trabajo el nuevo equipo ministerial mantendrá encuentros con múltiples colectivos, entre otros, los grupos ecologistas, que buscarán, por ejemplo, enterrar el proyecto del ATC en Villar de Cañas, para lo cual se ha utilizado la injustificada ampliación del espacio protegido de la Laguna de El Hito (Cuenca), con el único propósito de paralizar el almacén nuclear.
Pedimos a este nuevo Ejecutivo que opte por escuchar a los titulares de derechos e intereses afectados por estas normas y también por analizar propuestas que defienden una forma de gestión de los espacios y figuras de protección alejada del sistema de la prohibición; soluciones incentivadoras que atraigan savia nueva al medio rural y reconozcan el mérito de aquellos que, con su esfuerzo, han conservado algunos de los entornos que ahora decimos proteger. Frente al proteccionismo generalizado y sin análisis, pedimos una gestión ambiental seria y que preserve el medioambiente sin sacrificar las necesidades y derechos fundamentales de los habitantes del mundo rural a los que, no lo olvidemos, también ampara la ley.
Tenemos una magnífica oportunidad pare empezar de nuevo y para demostrar que, en efecto, es factible un cambio de rumbo.
