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Justicia revisa la posición a mantener ante la condena del Tribunal de Estrasburgo por las ‘devoluciones en caliente’

22/06/2018
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El Ministerio de Justicia ha decidido revisar qué posición mantener ante la condena dictada el pasado 3 de octubre de 2017 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la ‘devolución en caliente’ a Marruecos de dos inmigrantes subsaharianos que habían superado de manera irregular la valla fronteriza de Melilla.

La corte internacional consideró que esta práctica es una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana impulsada en 2015 por el anterior Ejecutivo del Partido Popular avaló ese tipo de expulsiones.

El anterior Gobierno del Partido Popular recurrió la condena dictada por el Tribunal de Estrasburgo, recurso admitido el pasado mes de enero. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, solicitó el pasado 11 de junio un aplazamiento de la vista prevista para el próximo 4 de julio con el objetivo de revisar la postura que el anterior Gobierno del Partido Popular decidió mantener ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Críticas internacionales

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, impulsada por el Gobierno del Partido Popular en 2015 y conocida como ‘ley mordaza’, legalizó las ‘devoluciones en caliente’ bajo la figura jurídica del 'rechazo en frontera', incluida en una disposición adicional de la ley que provocó una modificación en este sentido de la Ley de Extranjería.

El ‘rechazo en frontera’ permite la expulsión inmediata de quienes superan de manera irregular los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla sin que puedan acceder a los procedimientos legales a los que hasta entonces tenían derecho: apertura de expediente administrativo, asesoría jurídica y proceso de identificación para determinar si pudieran acogerse a las figuras del asilo o refugio.

Altos organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) o el Consejo de Europa, así como numerosas organizaciones no gubernamentales, ha puesto en duda la adecuación de esta normativa a la legislación internacional en materia de derechos humanos.

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