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Rajoy no tenía el 'botón nuclear'; por Agustín Ruiz Robledo, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada

04/06/2018
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El día 3 de junio de 2018 se ha publicado, en el Diario de Sevilla y en los periódicos del Grupo Joly, un artículo de Agustín Ruiz Robledo en el cual el autor opina que la dimisión de Rajoy para impedir el triunfo de la moción de censura del PSOE hubiera sido un fraude constitucional.

RAJOY NO TENÍA EL 'BOTÓN NUCLEAR'

En el ordenamiento jurídico español sólo hay un caso en que es obligatorio para el presidente del Gobierno presentar su dimisión: cuando triunfe una moción de censura (art. 114.2 de la Constitución). En sentido contrario, no hay ninguna norma que expresamente le ordene continuar en el puesto. Por eso, se viene considerando que la dimisión es un acto personalísimo que el presidente puede realizar cuando lo estime oportuno, incluso cuando esté en curso una moción de censura, que no podría seguir tramitándose, a diferencia de lo que sucede en los ayuntamientos en los que la "dimisión sobrevenida del alcalde no suspenderá la tramitación y votación de la moción de censura" (art. 197.3 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General). Esta tesis está tan compartida que el jueves pasado vimos a Pedro Sánchez pedirle reiteradamente al presidente Rajoy que dimitiera y de esa forma "esta moción de censura habrá acabado aquí y ahora". En los días previos se venía especulando con esa posibilidad en los ambientes políticos, sería el botón nuclear" que podría apretar Rajoy para cortar el camino a Sánchez y de paso evitarse el mal trago de ser censurado. Incluso podrían alegarse los precedentes autonómicos de Pedro Antonio Sánchez, en Murcia, y de Cristina Cifuentes, en Madrid, que dimitieron cuando ya había sido presentada una moción de censura en su contra.

Sin embargo, no parece que el silencio de la Constitución puede interpretarse así, como la capacidad del presidente de dimitir para impedir la elección de un candidato alternativo. En los debates constituyentes, a los diputados y senadores no se les pasó por la cabeza esa posibilidad; sí pensaron que un presidente podría tener la tentación de convocar elecciones para así evitar la moción de censura y, por eso, se lo prohibieron (art. 115.2). Y no se les pasó no sólo porque no pensaron que pudiera haber una persona tan taimada al frente del Gobierno, sino porque esa dimisión instrumental sería una forma de dejar sin efecto todo el artículo 113: cualquier presidente que fuera a perder una moción dimitiría y no sólo se evitaría la reprobación, sino que seguiría en el cargo, como presidente en funciones, hasta que el Congreso eligiera a otro candidato, lo que podría ser un tiempo precioso a su favor o de su partido. Sería volver a la moción de censura tradicional, como la que establecía el artículo 64 de la Constitución republicana de 1931, en la que la única consecuencia de su aprobación era la dimisión del presidente. Jurídicamente, esa interpretación que conduce al absurdo de anular toda la regulación constitucional de la moción de censura de 1978 y transformarla en la de 1931 está prohibida por el clásico aforismo latino ad absurdum nemo tenetur.

Los debates parlamentarios son también muy útiles para comprobar la finalidad de que la moción de censura sea constructiva: lograr la estabilidad del sistema político o, como dijo el diputado -e ilustre constitucionalista- Óscar Alzaga, "compatibilizar la democracia parlamentaria con el gobierno estable". Si esa era la finalidad, sería contraria a ella que el presidente del Gobierno pudiera dimitir para impedir que automáticamente otra persona ocupara su puesto y abrir una etapa de búsqueda de un nuevo candidato, con la consiguiente inestabilidad política que eso implicaría. Ahora sí que se entiende por qué el artículo 114.2 ordena que dimita el presidente (y todo el Gobierno) cuando triunfe una moción de censura: porque lo tiene prohibido durante su tramitación.

Así las cosas, la dimisión de Rajoy para impedir el triunfo de la moción de censura del PSOE hubiera sido un fraude constitucional. Y no estamos ya en la España de 1852 cuando el presidente Bravo Murillo perdió una votación en el Congreso y en lugar de presentar la dimisión, como mandaban los usos parlamentarios, consiguió que la reina Isabel II disolviera las Cortes y convocara elecciones. El juicio de los historiadores sobre ese político moderado no ha sido benévolo, al que lo acusan de autoritario bajo un disfraz constitucional. Por fortuna, Rajoy no ha oído las llamadas que desde diversos sectores se le hacían para que presentara su dimisión y, haya sido por los motivos que hayan sido, ha actuado con escrupuloso respeto a la Constitución. Estoy seguro de que los historiadores del futuro le reconocerán ese mérito; de otros que ahora le atribuyen sus defensores, ya no tanto.

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