Diario del Derecho. Edición de 19/09/2018
  • Diario del Derecho en formato RSS
  • ISSN 2254-1438
  • EDICIÓN DE 17/04/2018
 
 

Modificación del Decreto 74/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula la Abogacía

17/04/2018
Compartir: 

Decreto 9/2018, de 13 de abril, de modificación de la disposición adicional primera del Decreto 74/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOCAIB de 14 de abril de 2018). Texto completo.

DECRETO 9/2018, DE 13 DE ABRIL, DE MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DEL DECRETO 74/2016, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA LA ABOGACÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

I

El ejercicio de las funciones de representación y defensa en juicio y de asesoramiento jurídico del más alto nivel, que desde los orígenes de la etapa autonómica se atribuyó a los servicios jurídicos centrales de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, fue objeto de una primera, y hasta ahora única, regulación legal de carácter general en la Ley 3/2003, de 26 de marzo Vínculo a legislación, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en la cual se diferencian tres grandes funciones de la Abogacía de la Comunidad Autónoma:

La función consultiva, que se traduce en el asesoramiento jurídico a la Presidencia y al Gobierno.

La función de representación y defensa en juicio de la Administración autonómica ante todos los órdenes y órganos jurisdiccionales.

La función de coordinación de los servicios jurídicos de las consejerías y de los entes públicos instrumentales.

La Ley 3/2003, que ha sido objeto de algunas modificaciones -Ley 10/2003, de 22 de diciembre, y Ley 7/2010, de 21 de julio Vínculo a legislación -, establece, en los apartados 2 y 3 del artículo 70, que la regulación, las características, el nombramiento y el régimen de suplencias de la persona titular de la Dirección de la Abogacía, así como la estructura y el régimen de funcionamiento de la Abogacía y el sistema de acceso al cuerpo superior de abogados, tienen que ser objeto de desarrollo reglamentario mediante decreto del Consejo de Gobierno.

Este desarrollo normativo se había ido produciendo en el tiempo de manera fragmentaria y ciertamente incompleta, referida únicamente a la aprobación de la estructura orgánica de la Abogacía, la cual, con respecto a los departamentos, ha tenido la siguiente evolución:

1. Decreto 98/2003, de 5 de julio:

Departamento de Asesoría del Presidente de las Illes Balears

Departamento del Área Contenciosa

Departamento del Área Consultiva

Departamento de Coordinación de los Servicios Jurídicos de las Consejerías y de los Entes Instrumentales

Departamento de Estudios Jurídicos

2. Decreto 106/2007, de 3 de agosto:

Departamento Consultivo

Departamento Contencioso y Constitucional

Departamento de Asesoramiento para el Desarrollo Normativo

Departamento de Coordinación de los Servicios Jurídicos de las Consejerías y de los Entes Instrumentales

3. Decreto 55/2015, de 3 de julio:

Departamento de Coordinación Jurídica y Asuntos Consultivos

Departamento de Asuntos Judiciales

Departamento de Asuntos Generales y Coordinación Técnica

4. Decreto 74/2016, de 23 de diciembre Vínculo a legislación :

Departamento de Asuntos Consultivos y Coordinación Jurídica

Departamento de Asuntos Judiciales

Departamento de Asuntos Generales y Coordinación Técnica

No fue hasta la aprobación del Decreto 74/2016, de 23 de diciembre Vínculo a legislación, por el que se regula la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que, con carácter general, se desarrolló y concretó el régimen jurídico de la organización y del funcionamiento de la Abogacía, y, además, este decreto establece un marco normativo estable para el ejercicio más eficaz de las funciones que le corresponden en materia de asesoramiento jurídico, de coordinación de los diversos servicios jurídicos y de representación y defensa judicial de la Administración de la Comunidad Autónoma y de los entes que dependen de ella.

La disposición adicional primera del mencionado decreto establece la estructura de la Abogacía y recoge, además de los departamentos indicados, dos áreas de coordinación por razón de la materia, como son:

El Área de Lucha contra el Fraude

El Área Social y de Coordinación

Esta estructura respondía, por una parte, a la necesidad de adaptarse a las previsiones presupuestarias (que habían determinado la reducción a tres de los anteriores departamentos de la Abogacía) y, por otra, a la estructuración de áreas materiales que, en atención a las disponibilidades de recursos humanos de la Abogacía, se crearon para la coordinación de asuntos relacionados con dos jurisdicciones concretas (la jurisdicción penal -Área de Lucha contra el Fraude- y la jurisdicción social -Área Social y de Coordinación-), con la finalidad de incrementar la operatividad y de asegurar una prestación más eficaz de los servicios de asesoramiento jurídico y defensa judicial.

II

Vista la carga de trabajo que soporta actualmente la Abogacía, se advierte la necesidad de reconsiderar la estructura descrita y de completarla con un departamento. Asimismo, resulta necesario dar cobertura, mediante una nueva área, a la coordinación de las tareas judiciales en las jurisdicciones civil y mercantil.

Por ello, y sobre la base de la experiencia de funcionamiento de los últimos años, en este decreto se recupera la tradicional división entre las funciones consultiva y de coordinación jurídica, que en el pasado correspondían a departamentos diferentes, ya que desde la aprobación del Decreto 106/2007, de 3 de agosto, hasta la aprobación del Decreto 55/2015, de 3 de julio, las funciones y responsabilidades que actualmente desarrolla un único departamento estaban divididas en tres, dentro de la estructura de la Abogacía:

Departamento Consultivo

Departamento de Asesoramiento para el Desarrollo Normativo

Departamento de Coordinación de los Servicios Jurídicos de las Consejerías y de los Entes Instrumentales

La existencia de este último departamento, además, resulta obligada por imperativo legal, dado que así se recoge en la disposición adicional duodécima de la Ley 7/2010, de 21 de julio Vínculo a legislación, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que dispone lo siguiente:

1. El ejercicio permanente de las funciones de asesoramiento jurídico y de defensa en juicio de los entes instrumentales puede requerir la existencia de un departamento específico y especializado de la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma asignado a los entes del sector público instrumental.

2. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería de adscripción de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, modificar la estructura de la Dirección de la Abogacía en este sentido.

A pesar de esta previsión, por razones presupuestarias y al amparo de lo que estableció primero el Decreto 55/2015 y después el Decreto 74/2016, las funciones de los tres departamentos pasaron a ser atribuidas solo a uno.

Actualmente, sin embargo, visto el incremento de las tareas que este departamento ha alcanzado en las tres vertientes (consultiva, de apoyo al desarrollo normativo y de coordinación de los servicios jurídicos de las consejerías y de los entes instrumentales), surge la necesidad de modificar nuevamente la estructura de la Abogacía, con el fin de dividir, al menos en dos, el mencionado departamento, de manera que se refuerce la actividad consultiva y de apoyo al desarrollo normativo, por una parte, y, por otra, se encomienden a una unidad administrativa diferente las funciones específicas de coordinación de los servicios jurídicos de las consejerías y de los entes instrumentales (entre los que destaca por su importancia el Servicio de Salud).

Visto el incremento que ha supuesto la atención jurídica a los entes instrumentales, la experiencia de funcionamiento de los últimos años indica que es muy conveniente contar, también, con un área que coordine la actividad de la Abogacía respecto de los órganos judiciales civiles y mercantiles.

Por todo ello, en el marco de las previsiones de los apartados 2 y 3 del artículo 70 Vínculo a legislación de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la consejera de Presidencia y previa consideración del Consejo de Gobierno en su sesión de día 13 de abril de 2018,

DECRETO

Artículo único

Se modifica la disposición adicional primera del Decreto 74/2016, de 23 de diciembre Vínculo a legislación, por el que se regula la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener el siguiente contenido:

1. La Dirección de la Abogacía se estructura en las siguientes unidades administrativas:

a. El Departamento de Asuntos Consultivos y Calidad Normativa

b. El Departamento de Asuntos Judiciales

c. El Departamento de Coordinación de los Servicios Jurídicos de las Consejerías y de los Entes Instrumentales

d. El Departamento de Asuntos Generales y Coordinación Técnica

e. El Área de Lucha contra el Fraude

f. El Área Social y de Coordinación

g. El Área Civil y Mercantil

h. Las secretarías administrativas y de apoyo procesal

i. El resto de unidades administrativas y de puestos de trabajo que se integran en ella

2. El apartado anterior fija el orden de prelación de los departamentos, a efectos de la suplencia prevista en el artículo 4.5 de este decreto.

Disposición final primera

Corresponde a la consejera de Presidencia y a la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas adoptar las medidas que correspondan para la dotación de medios y la puesta en funcionamiento de las disposiciones que incorpora este decreto, en la medida en que lo permitan las disponibilidades presupuestarias.

Disposición final segunda

Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Comentarios

Escribir un comentario

Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su nombre de usuario y contraseña:

 

Si desea registrase en www.iustel.com y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en www.iustel.com.

  • Iustel no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.
  • No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
  • Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Revista El Cronista:

Revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho

Lo más leído:

  1. Estudios y Comentarios: El viaje de Puigdemont; por Alfonso-Luis Calvo Caravaca, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III y Javier Carrascosa González, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Murcia
  2. Tribunal Supremo: No procede el reconocimiento de gran invalidez instado por un trabajador que antes de su alta en la SS ya necesitaba la ayuda de una tercera persona y cuya situación clínica se agravó con posterioridad
  3. Tribunal Supremo: La Sala rectifica su doctrina y declara que no es necesario que el contrato de relevo sea indefinido y a tiempo completo cuando se celebran para cubrir jubilaciones parciales con reducción de jornada y salario superior al 75%
  4. Legislación: Accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público
  5. Estudios y Comentarios: De másteres, doctorados y universidades; por Francisco Sosa Wagner, Catedrático de Derecho Administrativo
  6. Actualidad: El Supremo anula el registro de Competencia a la sede de Repsol en 2013 y ordena devolver la documentación incautada
  7. Tribunal Supremo: No procede la acción de saneamiento por evicción motivada por la inclusión en el inventario de la herencia de los progenitores de los litigantes de una finca ganancial que fue vendida por el padre a uno de sus hijos
  8. Legislación: Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Iraq
  9. Tribunal Supremo: En un procedimiento civil no toda ocultación de un hecho que, de haber sido puesto en conocimiento del Juez, habría contribuido a la justicia de la resolución, puede considerarse como constitutiva del delito de estafa procesal
  10. Estudios y Comentarios: Prisión provisional justificada; por Plácido Fernández-Viagas Bartolomé, letrado de la Asamblea Legislativa y magistrado jubilado

Secciones:

Boletines Oficiales:

 

© PORTALDERECHO 2001-2018

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI: abre una nueva ventana