MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
La sentencia, fechada el pasado 3 de abril, establece que la Oficina, dirigida por el magistrado Carlos Granados, entrará en vigor con todas sus funciones, atribuciones y organización. El recurso presentado por Delegación de Gobierno apuntaba a una presunta "invasión de competencias atribuidas a otros órganos" del Consistorio, como la Intervención General y la Inspección General de Servicios.
La sentencia recoge que la Oficina está dentro del ámbito de potestad de organización de las administraciones locales y que "no hay duplicidad de funciones ni invasión de competencias ni por parte de Intervención, ni de Inspección de Servicios ni de la asesoría jurídica". Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, han informado fuentes municipales a Europa Press.
La decisión judicial apunta que la Oficina "se ajusta a derecho en el diseño de la dirección y de su consejo asesor", igual que la selección de sus miembros a los mandatos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y, por lo tanto, "no hay vulneración de la ley de incompatibilidades de las personas al servicio de la Administración".
Tampoco hay vulneración legal en la creación del registro de la Oficina ni se vulnera ninguna norma ni garantía del derecho sancionador, recoge la sentencia, que añade que es "correcto el tratamiento de datos obtenidos confidencialmente por la Oficina".
De este modo "caben las denuncias anónimas como medio para llevar determinados hechos a conocimiento de la Administración, lo que permitirá al Ayuntamiento investigar determinados hechos si tiene indicios mínimos de verosimilitud".
La sentencia tampoco objeta al sistema de entrevistas personal diseñado por el reglamento y establece que no hay indefensión de personas objeto de las actuaciones de inspección llevadas a cabo por el Ayuntamiento.
