GRANADA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
El evento no contaba con autorización previa y a juicio del alto tribunal andaluz supuso "un grave riesgo para la seguridad" de las personas, ya que el lugar donde se celebró está muy próximo a la autovía A-92 y muchos jóvenes acabaron invadiéndola, lo que obligó a cortar la vía.
En una sentencia fechada el 15 de marzo, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA argumenta que la sanción de 100.000 euros impuesta por la Consejería de Justicia e Interior "es ajustada" tanto al beneficio que pudieran haber obtenido los promotores, como al gran número de personas que asistieron, "la grave alteración al orden público" que provocó, así como la entidad del peligro que suscitó para los participantes.
La macrofiesta se celebró el sábado 25 de mayo de 2013 bajo el nombre de 'Copea de Farmacia'. Buena parte de las entradas se vendieron por Internet a precios de entre 20 y 30 euros. Estaba prevista la actuación de cinco artistas y Dj en dos escenarios distintos, y la entrada daba derecho a la consumición de bebidas y almuerzo.
Las fuerzas de seguridad cifraron en 8.000 personas el número de asistentes a esta fiesta pese a que el aforo máximo era de 940. El desalojo se prolongó durante varias horas y se saldó además con cuatro jóvenes detenidos por la agresión a cinco agentes de la Policía Nacional.
Además, el recinto donde se celebró el evento se encontraba en un lugar muy próximo a la autovía, y se emplazó un apartamento al otro lado de la vía sin la existencia de un paso subterráneo o elevado que evitase el riesgo de accidente, lo que motivó que los asistentes cruzasen la autovía por lugares cuyo tránsito es exclusivo para los vehículos y que tres cuerpos policiales tuvieran que actuar.
Junto a ello, el TSJA alerta de que "no existía un plan de seguridad y al hallarse cerrado el recinto solo era posible la evacuación por un punto, de reducido espacio, muy próximo a la citada A-92".
Aunque la Fiscalía abrió una investigación para aclarar posibles responsabilidades penales en la organización de la macrofiesta, archivó las diligencias.
Finalmente la Junta impuso a los organizadores una multa de 100.000 euros como responsables de una infracción muy grave consistente en celebrar un espectáculo o actividad ocasional sin autorización previa y con grave riesgo para la seguridad de las personas. Los afectados recurrieron la resolución de la Administración ante el TSJA, que lo ha desestimado en esta sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo.
