VALENCIA, 13 (EUROPA PRESS)
De este modo, la investigación por la supuesta contratación irregular por parte de Imelsa de personas que percibían un sueldo sin desempeñar actividad laboral alguna se tramitará de manera independiente a la pieza principal de la causa y a la otra separada relativa a un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del Partido Popular, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado.
En la pieza separada abierta este viernes figuran como investigados por prevaricación administrativa, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental 28 personas, entre las que se encuentran además de Alfonso Rus; su jefe de gabinete, Emilio Llopis; el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent; el exdirector financiero de dicha sociedad y la que fuera jefa de Recursos Humanos de la misma, por sus atribuciones para llevar a cabo las contrataciones bajo sospecha.
Además de los contratos ficticios a 15 de los imputados, en esta nueva pieza separada el juzgado investiga a otros ocho contratados por Imelsa por las indemnizaciones que percibieron al extinguirse su vínculo laboral con esa empresa pública.
"MAQUINACIÓN CONCERTADA"
Según consta en el auto, notificado este viernes a las partes, existen sospechas de que pudiera haber existido algún tipo de "maquinación concertada" entre la empresa y algunos trabajadores para que estos cobraran elevadas indemnizaciones que podrían haber supuesto un "innecesario y arbitrario enriquecimiento" a costa del erario público.
El titular de Instrucción 18 imputa también a José Adolfo Vedri, responsable de la empresa de comunicación Engloba, por su presunta participación en la supuesta contratación fraudulenta de dos de sus trabajadores cuyo sueldo costeaba Imelsa.
Esta misma modalidad de contratación se daba, supuestamente, con un jugador del Olímpic de Xàtiva, equipo de fútbol presidido por Rus. Tanto el expresidente de la Diputación como Vedri tienen la condición de investigados (imputados según la denominación previa a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal); las empresas, Engloba y el Club de fútbol, figuran en el procedimiento como posibles responsables civiles a título lucrativo.
PRÓRROGA DEL SECRETO
El juez ha decidido prorrogar un mes más, hasta el 14 de junio, el secreto de sumario sobre la pieza principal a la espera de recibir los informes policiales sobre el análisis de la documentación intervenida por los agentes.
A este respecto, justifica su decisión en la "complejidad" de los delitos investigados y en el hecho de que aún no ha concluido el volcado de la información hallada en soporte informático en los registros domiciliarios, información de la que podrían surgir nuevas pruebas o líneas de investigación.
El magistrado sobresee la causa respecto de uno de los imputados que sí ha acreditado la prestación efectiva de servicios laborales para la empresa Imelsa de la que cobraba.
Hasta el momento, el 'caso Imelsa' se estructura en una pieza principal, en la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunitat Valenciana (Diputación, Ayuntamiento y Generalitat) y en dos piezas separadas: la del blanqueo en el consistorio valenciano en la que se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita y la de las contrataciones irregulares en Imelsa.
La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo. En el caso hay 115 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
