MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
En su recurso, el Gobierno catalán consideraba, además de defectos formales en la regulación, que el sistema estatal de reparto de fondos supone una "irrupción del Estado en las competencias autonómicas de asistencia social.
Sin embargo, el fallo del Supremo concluye que la atribución de fondos para atender cuestiones de asistencia social "hace referencia a todas aquellas actividades tendentes a atender estados de carencia o necesidad que no tienen cobertura mediante otros títulos específicos" y cree que tiene "un carácter subsidiario" o "complementario" a las competencias autonómicas.
Además, subraya que el requisito de supraterritorialidad que establece la regulación de las ayudas refuerza el hecho de que los fines que se persiguen con dichas ayudas "no pueden alcanzarse adecuadamente en el estricto ámbito autonómico".
"Por primera vez el Supremo nos ha dado la razón, nos dice que las organizaciones podemos hacer nuestras actividades y que independientemente de donde nazca una persona tiene que tener los mismos derechos", ha valorado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato.
En todo caso, ha hecho hincapié en que la sentencia es "una ayuda" pero no la solución "definitiva". "Queremos un modelo que nos garantice la viabilidad para que no tenga que ser cuestionado ni por lo político ni por lo jurídico", ha manifestado.
Además, el vicepresidente de la plataforma, Luis Cayo Pérez Bueno, ha pedido que, una vez recibido el fallo del Tribunal Supremo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad convoque el reparto de los fondos a la mayor brevedad.
"El ministerio en funciones puede y debe ya proceder a convocar las subvenciones que estaban a la espera y que estaban generando una enorme inseguridad. Imagínense lo que es empezar el año sin saber si esa parte del dinero que la ciudadanía destina va a llegar o no", ha explicado.
