MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
Seis asociaciones de jueces y fiscales han redactado un comunicado conjunto en el que solicitan "la suspensión de la entrada en vigor" de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), que se hará efectiva el próximo 5 de diciembre, al considerar que en la actualidad la Administración de Justicia no dispone de "medios personales, materiales e informáticos" que posibiliten "el cumplimiento de la norma".
Los colectivos firmantes consideran "absurdo" que la reforma de esta ley, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 6 de octubre, haya introducido "plazos máximos realistas" de seis y 18 meses para la finalización de las instrucciones judiciales, "según se trate de un asunto sencillo o complejo".
También critican que la nueva redacción de la norma, que llegan a calificar de "ley de punto final de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados", atribuya al Ministerio Fiscal el impulso procesal para la solicitud de la prórroga de estos plazos cuando en los mismos no pueda completarse la investigación.
El comunicado está firmado por tres asociaciones de jueces --la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)-- y otros tres de fiscales --la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.
CONFUNDE EL PAPEL DE JUEZ Y FISCAL
Todas estas asociaciones profesionales recalcan que establecer un plazo límite sujeto a control en el modelo procesal español, en el que investigación está en manos del juez, puede resultar "absurdo" pues es el propio instructor quien ha de controlar "la realización efectiva en plazo de sus propias diligencias procesales".
Además, rechazan que la Fiscalía, "en régimen de monopolio", disponga de la facultad de pedir prórrogas a quien está dirigiendo y controlando la investigación, sobre todo cuando "puede haber desacuerdos en la misma". También se puede dar el caso, según dicen, de que el Ministerio Público desconozca "el contenido o la existencia" de la propia investigación.
"Ello coloca a los miembros del Ministerio Fiscal en una irresoluble tesitura, al resultar de imposible cumplimiento el mandato legal con los medios personales y materiales con que se cuenta en la actualidad, y a los jueces de instrucción en un delicado papel en el que, dirigiendo ellos la instrucción, carecen de la capacidad para prolongarla en el tiempo, si no es tras la petición del fiscal", concluyen.
Tras señalar que el legislador "ha confundido" tanto el modelo procesal como el papel de sus actores, lo que pone de relieve la "falta de coherencia" de la reforma, las asociaciones de jueces y fiscales destacan que la norma deberá aplicarse desde diciembre a "todos los procedimientos vigentes" sin "habilitación presupuestaria alguna".
