MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López ha eludido meterse en el "avispero" de valorar si es necesaria la reforma del Tribunal Constitucional (TC) planteada por el Partido Popular ante una eventual declaración de independencia en Cataluña. Además, ha rehusado hablar sobre su imparcialidad para juzgar el 'caso Gürtel: "No puedo ni debo hablar, más allá de someterme a la decisión de mis compañeros".
En la presentación del 'Informe sobre las consecuencias del cambio económico en la actividad judicial' elaborado por el Observatorio de la Actividad de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer, que él preside, ha sido preguntado si considera necesaria esta modificación de la Ley del Tribunal Constitucional o cree que se ha recurrido a ella al no haberse encontrado una solución en el ámbito político.
"Es un avispero de contestar lo que tu me preguntas porque la reforma está en el debate parlamentario. Poco ayudaría yo, si me meto en ese lío", ha respondido López, que ocupó el cargo de magistrado del TC desde junio 2013 hasta que dimitió un año después tras dar positivo en un control de alcoholemia cuando circulaba con su motocicleta sin casco por el centro de Madrid
En cuanto al incidente de recusación que el magistrado Javier Martínez Lázaro ha admitido contra él para formar parte del tribunal que juzgará la primera época de actividades del caso Gürtel (1999-2005), López se ha remitido al informe que presentó defendiendo su imparcialidad y sobre el que ha explicado que envió la versión previa a la corrección. "Más allá de soportar estoicamente las consecuencias que ha tenido, conozco perfectamente la diferencia entre el verbo ir y el verbo vallar. Yo soy de pueblo y he vallado bastante", ha bromeado.
"Tengo que respetar la labor de mis compañeros y ni puedo ni debo hablar más allá de someterme a lo que ellos decidan", ha proseguido López, que ha indicado en otros momentos de su intervención que "vivimos en un mundo dominado por lo que parece y no por lo que es". "Hay que tratar que lo que parece se acerque lo máximo a lo que es", ha respondido, al ser preguntado si el cambio de término de imputado por investigado acabará con la conocida como 'pena de telediario'.
Además, el magistrado ha apostado por ampliar en "algunas materias concretas" las competencias de la Audiencia Nacional, un órgano creado en 1977, que "no nació para juzgar el terrorismo, sino que, una vez nacida, se le añadió esta competencia". "Yo apuesto por el mantenimiento de la Sala de lo Penal", ha remachado.
Al ser preguntado por las restricciones a los periodistas en la nueva sede de la Audiencia Nacional, el juez ha dicho no tener "ni responsabilidad ni voz" y ha añadido que él tiene uno de los "despachos más pequeños" pero que está "a gusto" con él. En este sentido, ha revelado que el papel ocupaba el 25 por ciento del antiguo edificio y que a partir de 2016 habrá una "obligación legal" de utilizar las nuevas tecnologías.
LA REMISIÓN DE LA CRISIS SE REFLEJA EN LOS TRIBUNALES
En un acto organizado por la Fundación Wolters Kluwer y la Asociación de Informadores Jurídicos (ACIJUR), Enrique López ha presentado este miércoles el informe 'Repercusión del cambio de ciclo económico en la actividad judicial', que concluye la "desaparición o el fin de los efectos más brutales de la crisis económica se ha evidenciado en el ámbito de la Justicia" con una disminución de los concursos de acreedores, los procedimientos por despido o las ejecuciones hipotecarias.
El estudio refleja un "severo impacto" en el volumen de procesos judiciales durante los "peores" años de la crisis económica cuando alcanzaron niveles "alarmantes". Desde 2013, se constata un cambio de tendencia a la baja en el número de litigios sobre expedientes de regulación de empleo, reclamaciones de cantidad en el ámbito laboral o procedimientos monitorios civiles.
López, que ha abogado por alcanzar un "consenso político" para reorganizar la planta judicial, ha concluido que todavía las cifras están "muy lejos" de las registradas antes de la crisis y ha puesto como ejemplo que los tribunales pasaron de tramitar 1.589 concursos en 2007 a casi 11.000 en 2013.
