BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)
Así lo ha explicado el presidente de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, Josep Cruanyes, en una rueda de prensa este viernes junto al decano del Colegio de Abogados de Barcelona (Icab), Oriol Rusca, y el presidente del Institut d'Estudis Catalans, Joandomènec Ros.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo la Audiencia Nacional, con fecha de marzo, responde a un recurso que había presentado el Consell de l'Advocacia Catalana --que agrupa a los 14 colegios de abogados catalanes-- en contra de que la prueba fuese solo en castellano y también de que los alumnos de toda España tuviesen que desplazarse a Madrid para examinarse.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aceptado finalmente que este año las pruebas --que se realizarán este sábado-- se hagan en las diferentes comunidades autónomas pero el examen será para todos en castellano, lo que a Rusca, que ha hablado en nombre de los 14 colegios de abogados catalanes, le causa "sorpresa e indignación".
Rusca considera que elegir el idioma del examen "es una cuestión de la libertad del alumno" y ve sorprendente que Catalá no acceda a que se pueda hacer también en catalán, gallego o euskera, porque ve al ministro una persona inteligente y sensata, con quien ha dicho mantiene una buena relación.
Cruanyes ve en esto un acto de discriminación que, en su opinión incumple la ley y limita el derecho de los alumnos, y además cree que responde a la voluntad de "arrinconamiento del catalán en la Justicia".
En la misma línea, Ros ha lamentado que, después de haber conseguido que el examen se pueda hacer en Barcelona, los alumnos no puedan usar el catalán, "que está reconocido en la Constitución" como lengua oficial.
