MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
España ha impulsado en esta asamblea plenaria el aumento del presupuesto de la COMJIB. Asimismo, y en el marco del SICA, el Sistema de la Integración Centroamericana, el ministro de Justicia ha apelado a la integración de esfuerzos regionales en materia de seguridad, en concordancia con los ordenamientos e instrumentos jurídicos de cada país, a fin de armonizarlos para lograr una mayor eficacia en la lucha contra las amenazas a la democracia.
Los titulares de Justicia iberoamericanos han adoptado una serie de acuerdos y herramientas jurídicas en materia de drogas, atención a las víctimas de violencia de género, lucha contra la corrupción y justicia juvenil, entre otras, que contribuirán al fortalecimiento del Estado de derecho, a promover los derechos de la ciudadanía y a mejorar la cooperación jurídica internacional.
Entre los documentos aprobados destacan las Recomendaciones de Armonización de la legislación en materia de drogas que persiguen reorientar la nueva política legislativa para la lucha contra el narcotráfico que actualmente, en algunos países, penaliza de forma desproporcionada a los consumidores de drogas y a las personas que trafican con esta práctica ilegal.
En ese sentido, se han adoptado recomendaciones en las que se promueve que los consumidores sean tratados mediante políticas de salud pública y prevención, se diferencia entre tráfico de sustancias y posesión para el autoconsumo, se incorporan atenuantes en función de la menor gravedad de los hechos o atendiendo a las circunstancias de los infractores, se acentúa la persecución a los grandes traficantes y a los implicados en organizaciones criminales, a la vez que se sugiere un tratamiento diferenciado para los supuestos de escasa relevancia o menudeo.
Con todo ello, las recomendaciones hacen énfasis en continuar en sus esfuerzos para el fortalecimiento de las instituciones, especialmente del sector Justicia, para optimizar la respuesta al tráfico de drogas.
La aprobación de la Declaración Iberoamericana en Justicia Juvenil Restaurativa supone el compromiso de los países respecto a una postura común para abordar esta materia bajo los principios de responsabilidad y reparación del daño causado a la víctima, con un enfoque global desde el punto de vista social y educativo de los menores infractores. El documento destaca la necesidad de fomentar las medidas alternativas a la privación de libertad con pleno respeto a los derechos humanos de los infractores y promover su reinserción socio-laboral.
El Protocolo Regional de Atención a la Víctima de Violencia de Género, permitirá una mejor coordinación entre todas las instituciones de los sectores de la justicia, seguridad, asuntos sociales, sanidad y educación que tienen competencias en la salvaguarda de los derechos de las mujeres víctimas. Para su implantación en los países iberoamericanos es preciso trabajar en su adaptación a las realidades nacionales, proceso que ya está iniciado en Ecuador, Panamá y Paraguay con resultados positivos.
