MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
En un conjunto de enmiendas parciales a la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se suman a la enmienda a la totalidad de devolución ya presentada por los socialistas, el Grupo Parlamentario Socialista propone modificaciones en caso de sucesiones procesales en ejecuciones por compras de bienes inmuebles a través de fondos buitre, en detrimento de familias deudoras golpeadas por la crisis.
Entre ellas, el Grupo Socialista pide que el juez pueda modular y reducir la deuda de dichas personas en este tipo de procesos para evitar enriquecimientos injustos.
Asimismo, entre las enmiendas planteadas también se recoge la oposición del PSOE a la reducción del plazo de prescripción en determinadas acciones personales al considerar que "puede ocasionar consecuencias muy negativas para los afectados, al ver reducido el periodo para reclamar, ya que en algunos supuestos pasa de 15 a 5 años".
Igualmente, el Grupo Parlamentario Socialista defiende en sus enmiendas la intervención del juez cuando existan cláusulas abusivas que afectan a los consumidores en su relación con las empresas. En concreto, establecen la posibilidad de que el juez valore la existencia de dichas cláusulas, tanto en los procesos dinerarios como hipotecarios y no solamente en los monitorios.
Otro grupo de enmiendas se refieren al juicio verbal y, entre ellas, el PSOE propone suprimir la opción de contestación escrita al considerar que el proyecto actual "trastoca por completo el juicio verbal, que pasa a tener contestación escrita y que en muchos casos no tendrá vista".
En este sentido, ha concretado que la vista de juicio sólo se celebrará si se propone prueba o si la piden las partes. "Lo vergonzante es que se justifique sobre un supuesto reforzamiento de la tutela judicial efectiva", ha lamentado.
UN PARCHE
Las propuestas contempladas en el proyecto impulsado por el Gobierno del PP son "un parche" a una ley "de suma importancia" que regula el procedimiento de acceso, práctica y desarrollo del proceso civil en nuestro país, según ha señalado el portavoz adjunto de Justicia, Antoni Such, que ha recordado además que no hay "consenso".
Esta ley, ha subrayado, "no resuelve en absoluto los problemas que se puedan derivar del proceso civil, no aporta rapidez ni agilidad a los procesos sino todo lo contrario, produce que sean más lentos y más caros para los ciudadanos".
En la misma línea, ha incidido en que "supone una privatización de aspectos básicos del procedimiento civil y de las garantías inherentes a los actos de comunicación y auxilio". En su opinión, ha alertado, esto supondrá "un aumento de los costes para los ciudadanos, debido al aumento de los procedimientos en los que se requiere su presencia, en contra de la tendencia de la UE".
