SEVILLA, 18 May. (EUROPA PRESS) -
La comisión se ha configurado este lunes en Sevilla con la asistencia de la directora general en funciones de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta, Carmen Belinchón; representantes del Colegio de Abogados de Sevilla, María José González y María Luisa Díaz, y el director del centro penitenciario Sevilla I, Jesús Miguel Garrido. Creadas recientemente las de Málaga y Córdoba, los próximos días 20, 26 y 27 de mayo se constituirán las comisiones de Jaén, Huelva y Almería, respectivamente.
Según informa la Junta en un comunicado, todas estas comisiones y la que se ha constituido a nivel autonómico en abril con la participación del presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Pascual Pozo, y un representante de Ministerio del Interior, centralizan la coordinación del Servicio Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria para velar por el buen desarrollo y prestación del mismo en los todos centros penitenciarios de la comunidad.
La población reclusa de Andalucía puede solicitar desde marzo este servicio gratuito de orientación jurídica penitenciaria que financia la Consejería de Justicia e Interior y que prestan los colegios de abogados andaluces y por el que se le facilita a los reclusos es asistencia sobre cuestiones más comunes como las relacionadas con permisos, traslados de centros, reclamaciones administrativas, procesos judiciales o asesoramiento sobre los requisitos de acceso a la justicia gratuita, entre otras.
Letrados especialistas en materia penitenciaria prestan la orientación jurídica en dependencias de las prisiones en horas y días fijados por la dirección de cada centro, lo que contribuye a mejorar también la convivencia en los centros penitenciarios andaluces.
El nuevo convenio para la reanudación de este servicio para la población reclusa fue firmado por la Consejería de Justicia e Interior, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y el Ministerio del Interior y tiene una vigencia de tres años prorrogables y está financiado al completo por la Junta, con una dotación inicial de 140.000 euros anuales.
El convenio establece un mayor control del gasto que hacen los colegios de abogados de los fondos públicos destinados a este servicio, a la vez que se prevé la elaboración de un plan de calidad y se regula la participación de Instituciones Penitenciarias, del Ministerio del Interior, en la certificación de las asistencias o el control de los horarios y días de prestación.
