MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
La norma, que modifica hasta una docena de leyes vigentes, ha sido aprobada con el voto a favor del PP, el voto en contra de Izquierda Plural y CiU y la abstención de PSOE y PNV. La norma deberá ser refrendada por el Pleno de la Cámara Baja, previsiblemente el próximo 28 de mayo, antes de ser enviada al Senado. La norma incorpora unas 150 enmiendas parciales y recoge medio centenar de transaccionales.
La diputada del Grupo Popular, Macarena Montesinos, ha indicado que han introducido más de 150 enmiendas presentadas por otros partidos y se han tramitado medio centenar de transaccionales.
Entre las novedades introducidas por el PP en la ley, la diputada del Grupo Popular Macarena Montesinos ha destacado la creación del Registro de Delincuentes Sexuales, que contendrá la identidad de los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos, explotación de menores e información sobre su perfil genético de ADN y que será confidencial.
Asimismo, han introducido una enmienda según la cual, "ni la pobreza de los progenitores ni la discapacidad del menor podrán ser circunstancias para declarar la situación de desamparo".
Además, la ley modifica la Ley de Extranjería a fin de ampliar de 30 a 90 días el periodo de reflexión que se concede a las víctimas de trata con fines de explotación para que decidan si colaboran o no con la justicia en la investigación de los delitos cometidos contra ellas.
Asimismo, se reforma la Ley para la Mejora del Crecimiento y el Empleo del año 2006 para bonificar a quienes den empleo a víctimas de trata de seres humanos con una bonificación para el empleador de 1.500 euros al año durante dos años por trabajador contratado de forma indefinida.
POBREZA INFANTIL
Durante la defensa de sus enmiendas, la diputada del PSOE, María Luisa Carcedo, ha agradecido que "un gran número" de sus enmiendas hayan sido incorporadas al texto y ha mostrado la "predisposición" de su grupo a favorecer la tramitación del mismo, pero con algunos cambios.
Así, ha precisado que la ley "no afronta en absoluto ni pone las bases" para luchar contra "una situación que sonroja: la pobreza infantil". "De rojos nos vamos a poner morados porque no estamos respondiendo a uno de los principales desafíos que es cuidar de nuestra infancia", ha subrayado.
Mientras, los diputados de PNV, Isabel Sánchez Robles, Izquierda Plural, Josep Pérez Moya, y CiU, Carles Campuzano han criticado la "devaluación" de las competencias autonómicas que, a su juicio, provoca la ley.
En este sentido, Campuzano ha mostrado su rechazo a que la Generalitat de Cataluña pierda su potestad a la hora de determinar con qué países pueden adoptar las familias catalanas, ha criticado el intento de "recentralización" y ha advertido a los populares de que "esta ley terminará en el Tribunal Constitucional".
Por su parte, la diputada Sánchez Robles ha admitido que existe "un consenso amplio" y que durante el trámite parlamentario podrían llegar a votar favorablemente la norma.
