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Caso ERE

La juez Alaya reduce a 262 los imputados en el caso ERE tras archivar la causa contra un imputado fallecido

14/05/2015
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La causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha pasado de 263 a 262 imputados después de que la juez Mercedes Alaya haya archivado la causa seguida contra un imputado relacionado con las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla que falleció recientemente.

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

En un auto fechado el pasado 8 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada explica que fue el pasado día 6 cuando una hija del imputado, Manuel Fuentevilla Valverde, compareció en el Juzgado para dar cuenta de que éste había fallecido, lo que acreditó mediante certificación literal del Registro Civil de Sevilla.

La juez argumenta que, habiéndose acreditado el fallecimiento del imputado en virtud de la certificación de defunción aportada, "procede declarar extinguida la acción penal" contra el mismo, "sin perjuicio de la acción civil que en su caso pudiera corresponder contra sus herederos y causahabientes, que habrá de ejercitarse ante la jurisdicción civil".

Todo ello "salvo que recayera sentencia en la causa que declarara la inexistencia de hechos constitutivos de los delitos que se investigan", concluye la juez en el auto.

La juez Alaya imputó a Manuel Fuentevilla, como representante de 'Maderas Manuel Fuentevilla', junto a Luis Martínez Perea, presidente de Atarazanas de Constantina, empresa cooperativa cuyo objeto social era el aserrado y cepillado de madera, y José Montesinos Cabrera, representante de 'Maderas Montesinos'.

EL PAPEL DE GUERRERO

Alaya considera que, "a través de la influencia ejercida" por todos ellos en la dirección de la Consejería de Empleo, "habrían conseguido para la creación de la cooperativa y construcción de un aserradero de madera de castaño en Constantina, cooperativa en la que se integrarían las tres empresas anteriores", una subvención de 600.012,12 euros.

Los pagos se realizaron el 26 de junio de 2003 y el 27 de noviembre de 2003, "sin que mediara solicitud, ni documentación acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, no existiendo tampoco resolución de concesión".

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