MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional concluye en un auto que el exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid y exconsejero de Caja Madrid Ricardo Romero de Tejada cargó a su 'tarjeta black' "gastos en supermercados y tiendas del sector de complementos radicalmente extraños al desempeño del cargo".
Así consta en un auto en el que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal confirma la decisión del juez instructor, Fernando Andreu, de imponer al exdirigente 'popular' una fianza de 283.000 euros y rechaza que el afianzamiento impuesto sea "prematuro" o "gravoso", como defendió esta parte.
Romero de Tejada, que realizó gastos por valor de 212.000 euros, alegó que el juez Andreu ya impuso a la cúpula de Caja Madrid --en referencia a los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato-- fianzas por la totalidad del gasto de las 'tarjetas black', que ascendió 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012.
El tribunal, formado por los magistrados Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Antonio Díaz Delgado, señala que cada imputado está "afectado por su imputación y las garantías para ejecutar finalmente la reparación o indemnización del daño".
"INDICIOS RACIONALES" DE DELITO
De igual modo, destaca la necesidad de "garantizar la responsabilidad civil" que pudiera derivarse del procedimiento y concluye que existen "indicios racionales" de que la emisión de las 'tarjetas black' podría constituir un delito de administración desleal y que esta práctica incumplió la Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad de Madrid.
El ex 'número dos' del PP madrileño, que también cargó a su visa puros y lotería, aseguró durante su declaración ante el juez Fernando Andreu que cuando le entregaron la 'tarjeta black' de Caja Madrid le dijeron: "Gástalo en lo que consideres oportuno pero dentro de una lógica y una prudencia".
En la grabación de la declaración judicial de Romero de Tejada, a la que tuvo acceso Europa Press, Romero de Tejada defendió que podía utilizar la tarjeta "discrecionalmente, con un límite de carácter económico mensual" y que "entre el 70 o el 80 por ciento" de sus gastos fueron "inherentes" a su posición como consejero. Además, indicó que no tomó "ninguna cautela" en relación con su tributación porque se "figuraba" que aparecía incluida en el certificado con todos sus ingresos.
