MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha informado de que en las próximas semanas se distribuirá un crédito 'extra' por valor de 6 millones de euros entre las comunidades autónomas con las competencias transferidas, tras sus reclamaciones por no haber recibido ningún euro de los más de 560 millones recaudados con las tasas judiciales para sufragar los servicios de justicia gratuita.
Catalá se ha reunido este miércoles en una Conferencia Sectorial con los consejeros de las doce comunidades que tienen las competencias transferidas en esta materia y les ha anunciado que el presupuesto de 2015 de su departamento incluye una partida dirigida a repartir esta cantidad entre ellas para que mejoren sus servicios de Justicia en función de sus necesidades.
"Nuestra intención es transferirlos cuanto antes", ha indicado, para explicar que en los próximos días se pondrán en marcha convenios que permitan a las comunidades desarrollar las actuaciones que sean necesarias para contar con estos fondos, que pueden destinar si así lo desean para financiar la asistencia jurídica gratuita.
Catalá ha explicado que esta cantidad no procede específicamente de la recaudación obtenida de las tasas y que estos gravámenes no tienen una "vinculación directa" con la financiación del servicio de justicia gratuita. "Plantear que las tasas tienen que financiar la justicia gratuita no tiene sentido", ha añadido.
EXPURGO DE SUMARIOS
Las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el Partido Popular, han aceptado el crédito aunque lo han tildado de "insuficiente" y han confiado en que aumente su cuantía.
Por otra parte, la conferencia sectorial ha acordado por unanimidad promover una enmienda en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que las Administraciones Públicas puedan llevar a cabo el "expurgo", la destrucción, de los sumarios ya finalizados que no tengan ningún valor pero que ocupan gran cantidad de espacio en los juzgados. "Hay alguna comunidad que tiene centenares de kilómetros de estanterías donde se archivan sus sumarios ya finalizados", ha ilustrado.
La polémica entrega del Registro Civil a los registradores también ha salido a relucir en la reunión y el ministro ha garantizado que será "público, gratuito y electrónico". Además, se ha debatido la reciente oferta de empleo público o la instalación de las nuevas tecnologías, sobre lo cual el ministro ha mostrado su compromiso de que el Estado y las comunidades incorporen las comunicaciones electrónicas en los tribunales antes del 1 de enero de 2016.
