MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé medidas como la imposición de plazos límite para las investigaciones penales o la creación de una segunda vía de recurso, establece en una disposición adicional que las nuevas disposiciones "no podrán suponer un aumento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal".
Según explica el Ministerio de Justicia en la memoria de análisis económico y presupuestario de la norma, a la que ha tenido acceso Europa Press, su puesta en marcha no necesitará de mayores recursos humanos porque "las medidas podrán ser implementadas mediante una reordenación de efectivos".
Respecto al impacto económico general, Justicia indica que el proyecto "no tiene impacto directo más allá del positivo que genera en el sistema toda norma que suponga una mejora en nuestro ordenamiento jurídico". Tampoco afectará --dice-- a las cargas administrativas.
La memoria se refiere a una "reordenación de efectivos" y analiza la creación de la segunda instancia en el ámbito penal. Así, indica que las resoluciones de las audiencias provinciales podrán recurrirse ante los tribunales superiores de justicia por lo que las sentencias recurridas ante el Tribunal Supremo "serán residenciables".
Justicia considera que la carga actual de trabajo de las Salas de lo Civil y lo Penal de los tribunales superiores "es muy escasa" e indica que el nuevo recurso incrementará "notablemente" el trabajo que, no obstante, todavía estará muy por debajo de los niveles habituales de otros tribunales.
La memoria también indica que medidas como la desaparición de causas sin autor conocido o la agilización de los procedimientos penales por delitos leves provocarán "una reducción evidente de la carga de trabajo".
"EL CELO" DE LOS JUECES Y FISCALES
El Proyecto de Ley, que será remitido ahora a las Cortes para el trámite parlamentario, prevé un periodo ordinario de seis meses de plazo para la instrucción de las causas sencillas y de 18 en el caso de las complejas, que podrán prorrogarse hasta los 36 meses.
El Ministerio de Justicia indica en su memoria de impactos que el modelo propuesto "resulta flexible y garantiza que la investigación pueda durar tanto tiempo como resulte necesario" pero introduce un régimen de control y transparencia que "reforzará el celo de los instructores y los fiscales al velar por la celeridad del procedimiento".
La duración media de la instrucción en el año 2014 fue de 245 días, poco más de ocho meses, por lo que el Ministerio considera los nuevos plazos "más que razonables" para agilizar la justicia penal sin menoscabo de las garantías.
