CÁCERES, 11 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de lo Penal nº 2 de Cáceres ha dictado una sentencia pionera que, por primera vez, condena a penas de prisión, de entre tres meses y un año, a los componentes de una banda organizada que se dedicada a expoliar yacimientos arqueológicos, situados en varias localidades de la provincia de Cáceres, y cuyas piezas después vendían a coleccionistas de España y del extranjero.
En concreto, el grupo organizado lo formaban doce personas de las que han sido condenadas diez ya que uno ha fallecido y otro se encuentra pendiente de resolución por una grave enfermedad. Además, han sido condenados también a una sanción, por responsabilidad civil, que asciende a 127.500 euros, y que, en caso de no abonar al Gobierno de Extremadura por los daños ocasionados en los yacimientos, les podría llevar a la cárcel.
La fiscal de Medio Ambiente de la provincia de Cáceres, Olga Suárez, ha explicado que se trata de una "sentencia pionera" ya que, aunque en otras ocasiones ha habido condenas en el ámbito penal por estos delitos, sí es la primera vez que se lleva a cabo con una banda organizada y porque se tiene en cuenta, sobre todo, el daño que efectuaron en los yacimientos arqueológicos al desenterrar los objetos ayudados de detectores de metales y azadas.
Otra característica a destacar en la investigación de este caso, que la Guardia Civil llevó a cabo en el año 2010 bajo el nombre de 'Operación Badia', es que el juez instructor autorizó, también por primera vez en este caso de delitos, proceder a escuchas telefónicas de los sospechosos que permitieron revelar la relación que tenían entre ambos y los posteriores registros domiciliarios que dieron con las piezas expoliadas.
Así, el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Jesús Gálvez, ha hecho hincapié en que la particularidad de esta sentencia es que se con ella se abre una puerta a otras condenas penales por similares delitos que, hasta ahora, en la mayoría de los casos eran sancionados por la vía contencioso-administrativa.
Durante la instrucción del caso, en el que se actuó de forma coordinada entre la Guardia Civil, la Fiscalía de Medio Ambiente y la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Extremadura, se practicaron seis registros domiciliarios y se recuperaron más de 7.500 objetos arqueológicos expoliados en diez yacimientos de la provincia cacereña situados en localidades como Jaraíz de la Vera, Monroy, Trujillo y Talayuela, en los que se estipula que ocasionaron unos daños de 127.500 euros.
Entre las piezas recuperadas se encuentra material de numismática como monedas, además de anillos, fíbulas, puntas de flecha, hebillas, botones y otros elementos originarios de la cultura íbera, romana, visigoda y árabe, de "gran valor histórico", según ha subrayado la directora general de Patrimonio del Ejecutivo extremeño, Pilar Merino, en la rueda de prensa en la que se ha dado a conocer esta sentencia. Además se decomisaron once detectores de metales y material para realizar las extracciones como picos y azadas.
Tanto desde la Fiscalía como desde la Guardia Civil y la Administración regional, se ha incidido en que esta sentencia "refuerza la lucha contra esta modalidad delictiva" y ayuda a la prevención de estos delitos que, según ha dicho la fiscal "son una realidad" y están tipificados en el Código Penal, aunque sea una práctica que algunas personas no consideran delictiva.
