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La primera vez fue por la operación antiterrorista

La Audiencia Nacional suspende por tercera vez el juicio contra PCTV y da 15 días a seis acusados para nombrar abogado

09/02/2015
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Acepta la renuncia por "pérdida de confianza" de seis miembros de Batasuna a su abogada y aplaza 'sine die' la celebración de la vista

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Nacional ha suspendido por tercera vez el juicio contra los 35 miembros de Batasuna, Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y lo ha aplazado 'sine die' a la espera de que seis acusados designen nuevo abogado en el plazo de quince días, tras haber renunciado por "pérdida de confianza" a su letrada Haizea Ziluaga, detenida el pasado 12 de enero en la operación 'Mate' contra el frente de cárceles de ETA.

En un auto, dictado este viernes, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha aceptado la renuncia de Nuria Alzugaray, Egoitz Apaolaza, Aitor Aranzabal, Íñigo Balda, Asier Imaz y Eusebio Lasa a ser defendidos por Ziluaga y les ha advertido de que les será designado un abogado de oficio en caso de no proponer a ninguno de su confianza.

Los magistrados consideran que los motivos de los procesados son de "entidad suficiente" para justificar dicha pérdida de confianza. Entre ellos, hacían alusión a la detención de Ziluaga, su imputación delictiva o la renuncia de la propia letrada diciendo que su arresto durante dos días por la operación contra el entramado de abogados de la organización terrorista "ha afectado a su hija" y le impide "compatibilizar" la atención a la niña con la vista oral.

"Se ha producido una nueva situación que les permite dudar razonablemente en que serán defendidos por la forma más adecuada y eficaz posible a la que tienen derecho, a través de un abogado de confianza de libre elección que cuente con todas las facilidades necesarias para el ejercicio de su defensa con todas las garantías", argumentan.

"CRISIS PROCESAL"

Eso sí, la Sala precisa que no son "suficientes" las razones dadas por Ziluaga para renunciar a la defensa de sus clientes y añade que tampoco acepta continuar el juicio con el resto de acusados porque se rompería la "continencia" de la causa. A su juicio, el aplazamiento del juicio para solventar "la crisis procesal" compatibiliza en lo posible todos los derechos e intereses en conflicto.

"De romperse dicha continencia prácticamente habría que repetir la totalidad del juicio respecto de los que quedarían excluidos en el primero, con la circunstancia procesalmente muy relevante, de que podrían verse afectados por valoraciones y conclusiones probatorias a las que habría podido llegar el tribunal pero sin poder haber participado en ellas de ninguna manera", recoge el auto.

La Fiscalía en un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, ya cuestionó la postura de Ziluaga, advirtiendo de que su "presunta vinculación con actividades" relacionadas con la banda "produce una situación de riesgo" para su hija de dos años y medio. Añadió que la "pretendida afectación de la niña" por su detención "no está demostrada" ya que no hay dictamen médico que la acredite.

"Lo que produce una situación de riesgo para la menor no sería, por tanto, la acción judicial o de la Guardia Civil, sino que de acreditarse los hechos indiciariamente apreciados sería la presunta vinculación de la abogada con actividades vinculadas a organización terrorista", decía el escrito.

"Que la letrada se tenía que enfrentar a un juicio de varios meses de duración y que tiene una hija menor de edad ya era un hecho cierto y conocido cuando aceptó la defensa y debía de tenerlo suficientemente previsto", agregaba.

El juicio contra Batasuna, ANV y PCTV fue aplazado por esta renuncia y, previamente, fue también suspendido por la detención en la operación 'Mate' de las abogadas de 19 de los acusados, Amaia Izko, Eukene Jauregi y Haizea Ziluaga por delitos de pertenencia o colaboración con organización terrorista, blanqueo de capitales y defraudación del IVA.

La Fiscalía acusa a los 35 procesados de un delito de integración en organización terrorista. El fiscal Vicente González Mota sostiene que se encargaron de contribuir a la estrategia de ETA para lograr que ésta pudiera mantenerse en las instituciones, tras la ilegalización de Batasuna, a través de los diferentes procesos electorales celebrados entre 2005 y 2009.

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