Catalá ha comenzado refiriéndose a la Justicia como servicio público y a las reformas que se deben adoptar para promover una Justicia digital, abierta e innovadora. Digital, porque el objetivo es el papel cero y para ello se va a avanzar en la implantación del expediente digital. Como ejemplo ha señalado los juzgados del orden civil de Cuenca capital en donde se va a instalar este año. Abierta, porque se está trabajando para que a final de año exista un proyecto piloto de envío de avisos SMS para comunicar a los ciudadanos las fechas y la suspensión de los juicios. E innovadora, porque se va a seguir impulsando la Nueva Oficina Judicial y Fiscal, un sistema de organización horizontal de servicios comunes a varios órganos jurisdiccionales que ya ha demostrado su alta eficacia en las ciudades en las que está implantada.
A estas líneas de trabajo, ha explicado el ministro, hay que añadir la apuesta por una Justicia de proximidad en lo territorial y lo social, que inspira la próxima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La introducción de mecanismos de reparto en la carga de trabajo mejorará el funcionamiento de la actual demarcación judicial y, por tanto, dará mayor agilidad en los tiempos de respuesta al ciudadano.
En lo que se refiere a la Justicia como pilar del Estado de Derecho, la otra gran demanda de la sociedad española en el siglo XXI, ha dicho el ministro, se están incrementando las garantías de los derechos de los ciudadanos y dotando al Estado de nuevos instrumentos para combatir la corrupción. Prueba de ello es la ampliación de beneficiarios de la justicia gratuita, un mayor apoyo a las víctimas de los delitos y la lucha más eficaz contra la violencia de género. En cuanto a la lucha contra la corrupción, Rafael Catalá ha señalado como objetivo que no haya margen de impunidad para los corruptos, para lo que se han incrementado las penas y los plazos de prescripción de los delitos.
El ministro ha recordado la contribución a la seguridad y a la libertad que supone el pacto contra el yihadismo alcanzado esta semana por PP y PSOE.
Por último, se ha referido a la Justicia como motor económico. No se puede olvidar, ha dicho, que la Justicia supone un factor de competitividad vinculado a la seguridad jurídica que ofrece un país, lo que facilita el tráfico económico y jurídico. De ahí, ha señalado, la necesidad de profesionalizar las carreras judicial y fiscal, que se están viendo ampliadas por primera vez en mucho tiempo y ha recordado que, recientemente, se ha aprobado la mayor creación de plazas judiciales en los últimos 25 años.
