BRUSELAS, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
España recibió ya en 2003 un primer aviso en relación con este caso, que afecta a zonas con una población de más de 10.000 habitantes. "Aunque desde entonces se han solucionado algunos problemas, el lento ritmo de los avances ha llevado a la Comisión a remitir el caso al Tribunal de Justicia", según ha dicho el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
"Los informes procedentes de las autoridades españolas indican que sigue faltando un sistema de tratamiento adecuado en aglomeraciones tales como Berga, Figueres o El Terri (Banyoles), en Cataluña, o Pontevedra-Marín-Poio-Bueu, en Galicia. En el caso de otras poblaciones (como Bollullos Par del Condado, en Andalucía, o Abrera y Capellades, en Cataluña), la Comisión considera que los datos facilitados son incompletos o muestran que no se cumplen todavía los niveles exigidos", apunta el comunicado.
La normativa de la UE que regula el tratamiento de las aguas residuales urbanas data de 1991. Los Estados miembros estaban obligados a determinar antes de que finalizara 1993 aquellas zonas sensibles donde se requiriera un tratamiento más riguroso (entre las zonas sensibles figuran aquellas donde se extrae agua dulce para que sirva de agua potable). Estaban, asimismo, obligados a establecer, no después del 31 de diciembre de 1998, sistemas adecuados para recoger y tratar las aguas antes de su llegada a esas zonas.
Según avisa la Comisión, las aguas residuales sin tratar "pueden estar contaminadas con bacterias y virus nocivos, y esto plantea un indudable riesgo para la salud pública". "Dichas aguas, además, contienen nutrientes (como nitrógeno o fósforo) que pueden ser perjudiciales para el agua dulce y el entorno marino, favoreciendo un proceso de eutrofización, es decir, una proliferación de algas que puede causar la asfixia de otros organismos vivos", apunta el Ejecutivo comunitario.
