MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
El TJUE sentenció la pasada semana que la legislación antidesahucios de España viola la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos, ya que mientras las entidades financieras sí pueden recurrir en segunda instancia si el juzgado da la razón al deudor y suspende la ejecución por existir cláusulas abusivas, los consumidores no podían proceder del mismo modo cuando se falla a favor del banco.
En estas circunstancias, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha avanzado durante su comparecencia en el Congreso que en el Consejo de Ministros del 29 de agosto se aprobará un decreto ley de modificación de la Ley Concursal que incluirá el "ajuste procesal técnico" necesario para dar cumplimiento al fallo europeo.
"Los deudores podrán recurrir el auto del juez que hubiera desestimado su oposición a la ejecución hipotecaria. Con eso se dará pleno cumplimiento a la sentencia", ha insistido, afirmando que "como no podía ser de otra manera se establecerán estrictamente las mismas condiciones para los deudores y los acreedores".
MENOS DESAHUCIOS
No obstante, el ministro ha recordado que los desahucios de primeras viviendas que afectan a personas físicas "se han reducido en el último año", entre otras cosas por las medidas del Ejecutivo, de las que se han beneficiado unas 19.500 familias.
En concreto, en virtud del Código de Buenas Prácticas se han practicado 6.500 reestructuraciones viables y también ha habido más de 2.100 daciones en pago. Por su parte, el Fondo Social de Vivienda ha adjudicado más de 900 viviendas y se han suspendido unos 10.000 lanzamientos gracias a la moratoria de dos años.
En cualquier caso, De Guindos ha afirmado en declaraciones a la prensa que el Ejecutivo "analizará la situación" actual y estudiará la posibilidad de "mantener e incluso reforzar" las medidas de ayuda a los desahuciados, aunque no ha querido precisar si se prolongará la moratoria.
"Nuestra sensibilidad siempre será para favorecer a todos aquéllos que han estado golpeados por la crisis económica y evitar todos los dramas que se están produciendo. El Gobierno no va a dejar que pierdan sus viviendas quienes, por causas sobrevenidas, se han visto golpeados por la crisis", ha afirmado.
NO ES MOMENTO PARA LA COMPLACENCIA
Durante su intervención, el ministro ha subrayado en varias ocasiones que España está iniciando la recuperación, aunque eso no implica que se pueda "caer en la autocomplacencia ni decaer en la intensidad de las reformas". En este punto, ha resumido las "principales" leyes que se aprobarán en el próximo periodo de sesiones.
En primer lugar, el citado decreto ley, que al margen de incorporar los cambios necesarios para cumplir con el fallo del TJUE tendrá como objetivo principal "completar la Ley de Reestructuración de la deuda empresarial", actualmente en tramitación parlamentaria.
De este modo, las nuevas mayorías necesarias para hacerse con una empresa se aplicarán no sólo a la fase preconcursal sino también a la concursal, con el objetivo de "mejorar la viabilidad de las entidades solventes". Asimismo, se "facilitarán" las adjudicaciones de empresas en su conjunto y de unidades productivas libres de carga.
MEJOR FINANCIACIÓN
Además, se buscará mejorar el acceso de las empresas --sobre todo las pymes-- a la financiación alternativa, de modo que reduzcan su dependencia de las entidades financieras. Para ello, se aprobará una Ley de Fomento de la financiación empresarial, en la que se regulará "por primera vez" el 'crowdfunding', de modo que los minoristas puedan invertir de forma segura en proyectos empresariales y que los inversores profesionales dispongan de un canal "mucho más flexible y desregulado".
Asimismo, se obligará a los bancos a preavisar a las pymes antes de reducir su financiación, se mejorará la regulación de las titulizaciones para permitir "movilizar carteras de crédito" para pymes, y se perfeccionará el régimen de emisiones, potenciando la transparencia y los sistemas de control y calidad de la información financiera.
Como ya había avanzado el ministro con anterioridad, también se "mejorará el funcionamiento y la supervisión" del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). En concreto, las empresas que tengan una capitalización en el MAB de unos 500 millones de euros pasarán a cotizar en los mercados oficiales, para que tengan que cumplir con "mas requisitos de transparencia y control". De este modo se intentarán evitar nuevos casos Gowex, si bien De Guindos no ha mencionado ningún caso concreto.
Además, el supervisor Bolsas y Mercados Españoles (BME) tendrá mayores responsabilidades y se reforzarán y ampliarán los deberes de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de "cualquier infracción o mal funcionamiento" que se produzca. Por su parte, las sociedades emisoras de valores de un "tamaño importante" que actúen en mercados oficiales o alternativos se considerarán "entidades de interés público" y, por tanto, estarán auditadas.
La modificación de la Ley de Auditorías, que se aprobará "en los próximos meses" para que entre en vigor en 2016, recogerá "objetivos más estrictos" para las auditoras de cuentas, que verán reforzada su independencia al delimitarse "claramente" qué servicios complementarios pueden prestar, al limitarse los honorarios por servicios distintos a la auditoría, al restringirse los ingresos máximos desde una misma entidad y al fijar la rotación externa obligatoria tras entre ocho y diez años.
OTRAS LEYES
De Guindos también ha avanzado que tras las vacaciones el Ministerio elevará al Consejo de Ministros la modificación de la Ley de Cooperativas de Crédito para "mejorar su gobierno corporativo y su régimen de aportaciones sociales" y también la Ley de Colegios y servicios profesionales, que "redundará en una mayor transparencia y una mejora de los costes de los colegiados, garantizando la calidad del servicio".
La reforma fiscal será otra de las grandes reformas del próximo periodo de sesiones, y según el titular de Economía permitirá "mejorar el tratamiento del ahorro, rebajará retenciones e impulsará la competitividad de las empresas con nuevos incentivos".
La última gran norma económica de los próximos meses será la trasposición a la normativa española de la directiva comunitaria de Resolución de entidades de crédito y empresas de servicios, una de las patas de la unión bancaria y que ya se introdujo en el ordenamiento español en parte hace unos meses a través de un decreto ley.
Ahora, se continuará en esa línea para "garantizar que los contribuyentes europeos no paguen por futuras crisis bancarias", adaptando toda la regulación relativa al sistema de absorción de pérdidas por parte de los acreedores, que "contribuirá a reducir el impacto de cualquier crisis bancaria sobre las finanzas publicas salvaguardando el interés de los depositantes".
También se determinarás obligaciones derivadas de la creación del fondo de resolución que en año y medio pasará a ser único para toda la Eurozona, y se incorporará la "correcta división del trabajo" entre el futuro supervisor único de la autoridad encargada de la resolución de entidades.
