MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha confirmado el archivo de la causa en la que se investigaba la fusión y salida a Bolsa de Banca Cívica en un auto en el que rechaza los recursos de reforma planteados por todas las partes y defiende que la entidad envió al mercado "una foto fiel de su valor".
En un auto dictado este miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 desestima los recursos interpuestos por la Fiscalía, Unión Progreso y Democracia (UPyD) y el expresidente de Navarra Miguel Sanz, y confirma la decisión que adoptó el pasado 12 de junio de sobreseer el procedimiento y enviar una parte de la causa a un juzgado de Pamplona para que investigue las supuestas irregularidades que se habrían producido en la Caja de Ahorros de Navarra (CAN), una de las cuatro que se intregó en Banca Cívica.
El magistrado rechaza la "falta de información" con que contaron los peritos del Banco de España para realizar sus análisis y sostiene que los expertos valoraron correctamente la información financiera de la entidad relativa a los ejercicios de 2010 y 2011. La situación, según su análisis, "cambió en 2012" por los decretos aprobados por el ministro de Economía, Luis de Guindos, que "establecieron nuevas obligaciones legales de provisión bancaria y cambiaron los criterios de contabilidad".
En el mismo sentido, el juez destaca que la entidad se vio afectada por "una nueva situación de empeoramiento económico generan el que se perfilan más los ajustes y el valor de los activos" que provocó finalmente la "absorción-compra" de la entidad por parte de Caixabank.
De esta forma, el magistrado concluye que en la integración absorción y compra de Banca Cívica por parte de Caixabank no se produjeron los delitos societarios, de falsificación, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en la información económica financiera que se atribuían a los exdirectivos de la entidad.
SE HA RECUPERADO EL DINERO PÚBLICO
Además, defiende que el saneamiento contra resevas fue "un proceso generalizado en el sector de las cajas por falta de liquidez en el mercado", el erario publico ha visto reintegradas sus aportaciones, los preferentistas han recuperado sus inversiones, los accionistas no han sufrido "decrementos de valor en sus títulos superiores" y no se han apreciado irregularidades en la contabilidad.
En relación con el recurso de UPyD, Velasco señala que su actuación puede responder más al establecimiento de "una causa general o investigación de tipo prospectivo" provocada más por "una frustración política" al habérsele denegado la constitución de una comisión de investigación parlamentaria que a "un afán de pretender verdaderas responsabilidades penales".
El recurso del abogado de la formación magenta, Andrés Herzog, defendía que los peritos se dedicaron a "aventurar meras hipótesis" sin responder "de forma concluyente" sobre determinados aspectos por "imposibilidad material". También consideraba "muy llamativo" que el dictamen de Velasco estuviera "repleto de verbos condicionales y conjeturas realizadas sobre la base de la información disponible".
De igual modo, UPyD señalaba que existen diligencias pendientes que impiden decretar el sobreseimiento de la causa, entre ellas, la aportación por parte de Caixabank de un informe en el que se recogiera el análisis de las cifras de valoración que tenía la entidad en el proceso de absorción.
La Fiscalía no cuestionó el archivo provisional de la investigación sino que defendió la competencia de la Audiencia Nacional para investigar las presuntas irregularidades en la CAN, que pudieron ocasionar "la existencia de graves fraudes que afectan a los casi 1.000 millones aportados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)" para la fusión.
El juez admitió su competencia para investigar a los antiguos gestores de Banca Cívica en marzo de 2013. Según los denunciantes, el proceso de fusión podría haberse realizado con el objeto de crear la apariencia de una mayor solvencia de las entidades que finalmente conformaron Banca Cívica con una reducción de fondos propios de 2.318 millones de euros y de reservas de 2.141 millones de euros al sacarla a bolsa en julio de 2011, "con el correspondiente quebranto patrimonial".
