MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El recurso de inconstitucionalidad se dirigirá contra el Artículo 4.2, apartados a) y c), de la ley canaria, promulgada el 29 de mayo de 2013. En dichos apartados se establece que solo se otorgarán autorizaciones previas para la nueva implantación de establecimientos de alojamiento en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife cuando se trate de establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos con categoría de cinco estrellas o superior.
Este es, según el Ejecutivo de Mariano Rajoy, "un requisito de naturaleza económica contrario a la Ley sobre el Libre Acceso a las actividades de servicios y su ejercicio", que fue dictada en transposición de la Directiva de Servicios del Mercado Interior y consagra el principio de libertad de establecimiento en todo el territorio nacional.
En la norma canaria se explica que ese requisito se basa en motivos de protección del medio ambiente y de ordenación del territorio, pero el Gobierno central considera que, "en la medida en que la exigencia de una determinada categoría hotelera (cinco estrellas o superior) se evalúa en términos de oferta y/o demanda turísticas, estrechamente ligados a pruebas económicas, se está limitando el acceso y ejercicio de actividades turísticas por criterios económicos".
