BRUSELAS, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El dictamen del abogado general no vincula al Tribunal de Justicia de la UE, aunque éste suele seguir sus recomendaciones en el 80% de los casos. Ahora los jueces empiezan a deliberar y la sentencia definitiva se conocerá en los próximos meses.
El fallo responde a una denuncia de una ciudadana española contra Vueling por haberle aplicado en 2010 un recargo de 40 euros al precio de sus billetes de avión por la facturación en línea de dos maletas.
La afectada alegó que el contrato de transporte aéreo con Vueling estaba viciado por una cláusula abusiva. Posteriormente, el Instituto de Consumo de Galicia impuso a Vueling una sanción administrativa de 3.000 euros. El caso acabó ante el juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 1 de Orense, que planteó una cuestión prejudicial al TJUE.
En sus conclusiones de este jueves, el abogado general afirma que el derecho de la UE "reconoce a las compañías aéreas una libertad de fijación de precios que abarca el conjunto de los servicios comerciales ligados a la ejecución del contrato de transporte aéreo, incluidos los servicios como la facturación de las maletas".
"Por lo tanto, en cuanto a la fijación de precios por los equipajes facturados, las compañías aéreas pueden optar por incluir el coste de este servicio en el precio base del billete de avión o por ofrecer el servicio con un suplemento opcional del precio", apunta el fallo. Esta interpretación, prosigue, no es aplicable al equipaje de mano, ya que la compañía aérea debe transportarlo gratuitamente.
No obstante, el abogado general precisa que corresponde a las autoridades nacionales competentes verificar que, al cobrar por la facturación de los equipajes, las compañías aéreas cumplen sus deberes en lo que se refiere a la protección de los derechos del consumidor.
En este sentido, los transportistas aéreos deben comunicar de manera clara, transparente y sin ambigüedades, desde el comienzo del proceso de reserva iniciado por el cliente, las modalidades de fijación de precios ligadas a la facturación de equipajes, permitiendo al cliente aceptar o rechazar esta prestación mediante una opción explícita de aceptación.
Por lo tanto, en el presente asunto corresponderá al órgano jurisdiccional nacional comprobar si Vueling ha respetado estas exigencias respecto a la ciudadana denunciante.
