GRANADA, 17 (EUROPA PRESS)
Por órdenes jurisdiccionales, destaca la jurisdicción contencioso-administrativa, que ha tenido un 25 por ciento menos de volumen de ingreso de asuntos que el año anterior, mientras la jurisdicción civil y penal se mantienen con un ligero ascenso, siendo más elevada la tasa de ingreso relativa a la jurisdicción social (un 5 por ciento).
Según ha puesto de manifiesto Lorenzo del Río, Andalucía continúa con una tasa de ingresos demasiado elevada. "No se puede asumir resignadamente un número cercano a los dos millones de asuntos a nivel andaluz (en torno al 20 por ciento de la geografía española) como una cifra razonable y sostenible", sostiene el presidente del TSJA, que ha indicado que, tomando como referencia los últimos datos publicados en el INE sobre población andaluza, la tasa de litigiosidad en Andalucía es de 226,5 asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes, por lo que "seguirá siendo, un año más, la más alta de España, por delante de Madrid y la Comunidad Valenciana".
Para el presidente del Alto Tribunal, "el tiempo sigue ganando la partida" a la justicia, que además no ha experimentado "ningún avance" en 2012 en materia de administración del sistema. "Seguimos con iguales problemas y mensajes reflejados en años anteriores", ha incidido Del Río, que además ha puesto de manifiesto que el "problema" en Andalucía sigue siendo la "tasa de congestión", que relaciona la carga total de trabajo con los asuntos que se resuelven.
"No existe un modelo de justicia, sino simples parcheos. La carrera judicial necesita ya realidades y no expectativas. Es imprescindible conocer hacia dónde camina el poder judicial y su diseño constitucional, si al final vamos a tener la oficina judicial y de qué forma. Cómo va a ser la función jurisdiccional en ese contexto, cuál será la planta, el modelo de organización de juzgados, hacia dónde camina el nuevo proceso penal", ha reivindicado Del Río, que ha reclamado "mayor receptividad y sensibilidad" en la mayoría política.
De hecho, según ha recordado, desde 2001 está pendiente la implantación de la llamada Oficina Judicial, que "sigue embrionaria" en Andalucía. "Seguimos año por año sin una sola reforma parcial", ha dicho Del Río, que ha reiterado en la necesidad de redistribuir y reducir los efectivos en los órganos colegiados.
"Hay un déficit de gestión y exceso de rigidez", ha mantenido además el presidente del Alto Tribunal andaluz, que ha insistido, como ya hiciera el año anterior, en su propuesta de extender "la cultura del acuerdo previo al juicio oral", para reducir costes y tiempo, solicitando que sea el Ministerio Fiscal el que abandere esta propuesta y se convierta en su "principal valedor e impulsor".
DATOS ESTADÍSTICOS
Según recoge la Memoria del TSJA, los procedimientos penales supusieron en 2012 un año más el 77 por ciento del total, que se corresponde con tres cuartas partes de los asuntos registrados, evidenciando que la reforma de esta jurisdicción sigue siendo "una de las mayores responsabilidades y asignaturas pendientes del legislador". En el otro extremo, se sitúa el porcentaje relativo a la jurisdicción social (un 4 por ciento) y contencioso administrativa (un 2 por ciento), mientras que la jurisdicción civil supone un 17 por ciento del total de asuntos ingresados.
En cuanto a la actividad del propio TSJA, su Sala de lo Civil y Penal, con sede en Granada, resolvió un total de 146 asuntos en materia penal durante el año 2012, de los cuales 44 se refirieron a cuestiones de competencia (un 5 por ciento más), y 56 contra jueces, magistrados y fiscales, mientras que en el ámbito civil se resolvieron 57 asuntos, 28 por cuestiones de competencia.
En la Salas de lo Contencioso-Administrativo dependientes del Alto Tribunal andaluz, en sus tres sedes, ingresaron en 2012 un total de 11.523 asuntos, de los que se resolvieron un total de 17.424, mientas que las Salas de lo Social del TSJA, con sedes en Granada, Málaga y Sevilla, ingresaron un total de 8.585 asuntos en el año 2012 (un 10 por ciento menos que el año anterior). La mayor parte de estos ingresos fueron recursos de suplicación contra resoluciones de Juzgados de lo Social.
Las Audiencias Provinciales ingresaron el pasado año un total de 52.627 asuntos, un 9 por ciento más que el año anterior (48.124 asuntos). Los procesos resueltos fueron 48.246 en total, un cinco por ciento más, y los asuntos pendientes a final de año se situaron en la cifra de 18.439 asuntos.
Según se apunta en la memoria, en todas las provincias sería necesario aumentar el número de plazas judiciales, un total de 10 en las Audiencias Provinciales (un magistrado en Almería, Córdoba, y Jaén, dos en Granada y Sevilla y tres en Málaga), y de 77 en órganos jurisdiccionales.
En lo que se refiere a la actividad de los Juzgados de Primera Instancia, en la memoria se pone de manifiesto que ingresaron en el año 2012 un total de 137.598 asuntos de jurisdicción contenciosa y resolvieron 142.848, por lo que la cantidad de asuntos contenciosos pendientes de resolución a final de año fue de 104.666. Los partidos judiciales de Sevilla, Málaga y Granada fueron los que más asuntos ingresaron.
Los Juzgados de Instrucción ingresaron 787.859 asuntos penales y resolvieron 792.532, por lo que la cantidad de asuntos pendientes a final de año fue de 55.184 (un 7 por ciento menos que en 2011). Los de Primera Instancia e Instrucción ingresaron en el último año 626.304 asuntos, y resolvieron 622.984, por lo que los pendientes a final de año fueron 214.873, un 1,56 por ciento más.
Los de lo Mercantil (12 en Andalucía, 8 de ellos con competencias exclusivas en esta materia) han contado con medidas de refuerzo en 2012, e ingresaron 358 asuntos menor que en 2011, resolviendo 981, por lo que la pendencia se redujo un 6 por ciento. No obstante, se iniciaron 471 concursos de acreedores más que el pasado año, lo que se traduce en un incremento del 43 por ciento.
Los Juzgados de lo Penal ingresaron 39.717 asuntos, resolvieron 39.090, y dictaron un total de 36.309 sentencias (el 72 por ciento condenatorias) y 1.858 autos finales.
La memoria del TSJA expone además la "preocupación" acerca de la ejecución de sentencias, ante la "elevada pendencia" que presentan juzgados y tribunales. De hecho, los asuntos pendientes de ejecución al final de 2012 ascendieron a 449.543, el 78 por ciento civiles, el 19 por ciento penales, el 2 por ciento de la jurisdicción social, y el 1 por ciento la contencioso-administrativa.
