VERDADES INCÓMODAS DE LOS DESAHUCIOS
A todos nos encantan las ideas claras, pero como decía Oscar Wilde la pura y simple verdad es que la verdad raramente es pura y nunca es simple. Además de compleja, a menudo es incómoda y quizás por todo ello hay tan poca afición a decirla en un tema tan importante como el del sobreendeudamiento familiar y los desahucios.
La Banca dice que nuestro sistema de crédito hipotecario ha funcionado perfectamente, porque primero permitió el acceso a la vivienda de una enorme proporción de la población, y después, ya en la crisis, se han renegociado muchos préstamos manteniendo muy baja la morosidad. Pero la verdad es que la mala práctica bancaria no ha sido excepcional. En la concesión de préstamos hipotecarios se han sobrevalorado las viviendas deliberadamente y de manera generalizada, y se ha prestado sin evaluar adecuadamente la solvencia de los particulares en algunos casos, y la de los promotores casi siempre. En cuanto a las refinanciaciones, los que las hemos visto de cerca sabemos que en general no se ha perseguido la reestructuración viable de la deuda y la ayuda a las familias, sino maquillar el balance del banco, y que se han aprovechado para cobrar comisiones y aumentar intereses. Advierten también los bancos de que cualquier cambio en el sistema reducirá el crédito a los particulares, la solvencia de los bancos y el acceso al crédito internacional. Pero la realidad es que el crédito ya está reducido hasta el extremo, y que las dudas sobre la solvencia de los bancos y de España no proceden de la escasísima mora de los particulares, sino del impago generalizado del crédito al promotor.
Pero si la crítica al discurso de los bancos está justificada, el de las plataformas de afectados tampoco es totalmente sincero. Se dice que el sistema era una gran estafa porque no había otra forma de acceder a una vivienda que comprarla a crédito, y que además nadie sabía que de la deuda se respondía con todo el patrimonio y no solo con la casa. Pero no es verdad: muchas personas permanecieron de alquiler o renunciaron a endeudarse para comprar otra vivienda mejor, y la gran mayoría sabíamos perfectamente que de las deudas, incluida la del préstamo hipotecario, respondemos con todos nuestros bienes. Otra cosa es que ni siquiera nos lo planteáramos porque quisimos creer que la casa iba a valer siempre más, y que éramos más listos que los que no compraban y se perdían esa plusvalía. Pero es que además las propuestas de la Iniciativa Legislativa Popular -la dación en pago- no son una solución. Primero porque son ilógicas e injustas en algunos casos: una familia con un patrimonio importante aparte de su vivienda podría seguir viviendo en ella sin preocuparse de pagar la hipoteca, porque tras los dos años que dura de media el procedimiento de ejecución, no le podrían exigir más que la entrega de la misma, y además podrá seguir viviendo en ella cinco años más pagando un alquiler del 30% de sus ingresos. Todo ello, claro, mientras el FROB ayuda con dinero de los contribuyentes a tapar el agujero que esto hace en las cuentas del banco que concedió el crédito. Su aplicación plantea además graves problemas técnico-jurídicos, como la retroactividad o la situación de las cargas posteriores a la hipoteca.
Esto no supone ni mucho menos condenar la ILP o las movilizaciones asociadas, que han servido ya para mucho. Sin esa presión no veríamos la creciente disposición de los bancos a buscar verdaderas soluciones para los casos más dramáticos, ni existiría la convicción de que las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes, ni tendríamos en el parlamento un proyecto de ley sobre esta cuestión con cien páginas de enmiendas. Este proyecto sí puede aportar soluciones, pero solo si los políticos, y en particular PP y PSOE, abandonan la demagogia y el miedo, y tienen el valor de decir ciertas verdades incómodas. Por ejemplo, que el deudor tiene que tratar de buscar una solución, y no quedarse esperando a que llegue el desahucio y le rescate el 15-M o el Estado. Para ello hay que darle instrumentos, como hace una propuesta del PP, ampliando los deudores que pueden exigir un periodo de carencia y la reducción de intereses de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas -aunque habría que mejorar su procedimiento-. También hay que decir que los bancos cometen abusos, y que son corresponsables del sobreendeudamiento. Por ello es necesario limitar los intereses de demora en todos los préstamos a particulares, y evitar que la responsabilidad patrimonial universal siga siendo una cadena perpetua para el deudor.
No se trata de repasar aquí las muchas propuestas interesantes de los diversos grupos, sino de insistir en que nuestros representantes tienen que examinarlas con honestidad, al margen de sus intereses electorales y de los de los bancos. Ganarían los deudores, la economía, y algo que hoy es tan escaso y necesario como el crédito, el prestigio de los políticos.
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