LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 (EUROPA PRESS)
Así lo ha expuesto, en un decreto de resolución elaborado por el fiscal de la Sección de Delitos Económicos, Jorge Pobre Menguy, después de que se investigara al respecto, tras la denuncia interpuesta por José Ramón Durán Alday.
En este sentido, indica que en relación a la existencia de presuntos delitos societarios y de otra índole relacionados con La Caja Insular de Ahorros de Canarias y que podrían afectar al entorno del Banco Financiero de Ahorros (BAF) y Bankia, y al de otras sociedades y organismos, personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, en especial, en relación a las actuaciones tanto activas como pasivas llevadas a cabo en el período de 2008 al 2012, apunta que tras las pruebas aportadas "solo puede apreciarse de la lectura de aquella un carácter genérico, careciendo la misma de cualquier otra información que pudiese permitir obtener los datos necesarios para precisar la relevancia penal de los hechos denunciados".
De todos modos, recuerda que en relación a dichos hechos actualmente el Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, concretando los delitos y las personas presuntamente responsables de los que de forma genérica manifiesta el denunciante, incoó las diligencias previas por la querella interpuesta contra las entidades Bankia y BFA, así como contra sus consejeros por la presunta comisión de delitos de falsedad de las cuentas anuales, administración fraudulenta, maquinación para alterar el precio de las cosas, y apropiación indebida, derivados del proceso de fusión de Caja Madrid, Caja De Ávila, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caixa Laietana, Caja Segovia Y Caja Rioja.
