VITORIA, 30 (EUROPA PRESS)
El presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, ha advertido este miércoles que la "rebaja drástica" de las partidas que los Presupuestos Generales del Estado destinan a la Administración de Justicia del País vasco para contratar a jueces sustitutos y magistrados suplentes en los juzgados vascos ha provocado una situación que no se podrá mantener "más allá de unas semana", lo que podría provocar la suspensión de juicios. "No podemos pedir heroicidades a nuestros jueces", ha aseverado.
La presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejeria, ha recibido a los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en la Cámara vasca, donde Ibarra ha comparecido ante los medios de comunicación para hacer referencia al efecto que han tenido los Presupuestos del Estado en la Administración de Justicia del País vasco.
Ibarra ha explicado que las Cuentas estatales han supuesto una "rebaja drástica" de un 63 por ciento en la dotación presupuestaria para llamamientos de magistrados suplentes y jueces sustitutos, pasando de 1.100.000 de 2012 a los 400.000 euros de este año.
Según ha explicado, esta rebaja está afectando al trabajo judicial, ya que, en los últimos años, el número de sentencias puestas por un juez de carrera en el País vasco eran siete, mientras que tres eran de jueces no integrados en la carrera judicial, es decir juristas nombrados por el CGPJ y se les habilita durante el año judicial para que puedan ser llamados y desarrollar funciones sin ser jueces de carrera.
A finales de la semana pasada, la dirección general de relaciones con la Administración de Justicia les comunicó que ya habían empleado el dinero previsto hasta el 31 de mayo, gasto que "no se debe a una mala gestión", sino que se han utilizado para cubrir vacantes, así como para las comisiones de servicio, decididas por el Ministerio de Justicia y por el CGPJ, para servir fuera de la comunidad autónoma.
Ante esta situación, Ibarra ha afirmado que están en disposición de garantizar que no se van a suspender juicios, pero ha advertido de que esta situación no se podrá mantener "más allá de unas semanas". "No podemos pedir heroicidades a nuestros jueces", ha insistido, para recordar que "más de un 20 por ciento de la carga judicial se ha venido atendiendo por jueces sustitutos y por magistrados suplentes con excelentes resultados en cuanto a calidad".
RECURSO DE ALZADA
El presidente del TSJPV ha explicado que la Sala de Gobierno ha interpuesto un recurso de alzada ante la Secretaría General de la Administración de Justicia en contra de la cuantía de crédito asignada por el Ministerio para contratar a jueces sustitutos y magistrados suplentes. Además, ha reclamado al Ministerio la fijación de un complemento de crédito que permita sufragar el recorte de las vacantes.
La reducción presupuestaria está acompañada de la entrada en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prevé que, a final de abril de este año, la carga de trabajo que no va a poder ser desarrollada por estos jueces sustitutos y magistrados suplentes va a hacerse por los propios jueces de carrera, tanto por los actuales como por las nuevas incorporaciones de la nueva promoción.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha pedido que se provea a Euskadi de nueve jueces para afrontar la nueva regulación sobre sustituciones.
TASAS JUDICIALES
Respecto a las nuevas tasas judiciales, Ibarra ha afirmado que están teniendo incidencia, pero todavía no han tenido vigencia suficiente para tener datos estadísticos, aunque ha confirmado que en la jurisdiscción civil y en la relativa a la Contencioso-administrativa, el efecto de las mismas va a ser "importante".
En este sentido, cree que va a producir un efecto "inequívocamente pernicioso" que supondrá "una restricción en el acceso a la jurisdicción", lo que constata "una afección al derecho a la tutela judicial efectiva".
Por último, ha hecho referencia a las medidas tomadas para las personas afectadas por ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual para afirmar que "la moratoria se ha producido en el País vasco", aunque ha precisado que la aportación judicial habrían sido "insuficiente" si sus criterios no fueran "compartidos" por las entidades financieras.
