El Mundo 05.01.13
Pregunta.-¿Cómo hemos permitido el nacimiento de esta criatura?
Respuesta.- La crisis institucional es previa a la crisis económica, pero es mucho más seria, más profunda y más difícil de resolver. La riqueza es un buen paliativo de las desgracias. Y esto es lo que ha ocurrido en España, estábamos tan contentos de ser ricos que olvidábamos todo lo demás. Veíamos que las cosas no funcionaban, los partidos, el Parlamento, la Justicia. Cuando la gente ha visto que uno de los motivos de la crisis es que tiramos el dinero, exige arreglos en las instituciones. Ahora la gente aprecia que la estructura pública es muy costosa, que hay mucha gente comiendo del presupuesto público.
P.- Usted sostiene que la Constitución se elaboró con una gran improvisación y sitúa ahí el origen de esta crisis. Pero los ciudadanos piensan que la clase política de la Transición estaba más preparada que la de ahora.
R.- Una cosa es que fueran buenos políticos y otra cómo hicieron la Constitución. Hay cosas que están bien hechas como la parte de los Derechos Fundamentales. Pero el reparto territorial del poder está muy mal resuelto. No se hizo de acuerdo con estudios técnicos concienzudos. Lo hicieron improvisando porque era el momento de los consensos y el consenso obliga a una cierta oscuridad. En España no sabemos cuándo el Estado tiene competencia exclusiva sobre algo en lo que no pueden legislar los poderes territoriales. Eso ha dado lugar a un compendio complejo de leyes sobre el que no se puede transitar.
P.- En su libro dice que el Título VIII de la Constitución es un desastre sin paliativos.
R.- No es solo un recurso dialéctico para atraer al lector. El error de origen consistió en construir el Estado tomando como modelo a Cataluña. Más aún. Tomando como modelo la Constitución de 1931, que se hizo para adecuar la organización del Estado al Estatuto de Nuria. Cataluña ejerció su autodeterminación incluyéndose en España en el 31 y en el 78, y ese fue el modelo para el resto de las comunidades. Pero no existía un clamor en otros lugares de España para transformarse en autonomías a imagen y semejanza de la autonomía catalana. Fue un proceso imitativo, nadie quiso ser menos que otro. Las élites políticas lo decidieron así.
P.- ¿Hubiera sido mejor reconocer las autonomías históricas y buscar otras soluciones para el resto? ¿Sería posible dar marcha atrás ahora?
R.- Eso podría haber sido una solución, un sistema confederal del resto de España con Cataluña y el País Vasco. Pero ahora lo veo complicadísimo. Por la vía del ejercicio de la autonomía, las comunidades han creado sus propios derechos históricos. Todas han encontrado sus propias tradiciones y peculiaridades. Las naciones hacen eso, crean tradiciones. Algunos vascos se consideran descendientes de Túbal, el nieto de Noé, y eso diferencia mucho de los demás. Todas las comunidades han creado sus diferencias. ¿Qué territorio de España no puede encontrar una vinculación con los tartessos o con Asdrúbal? Este es un país por donde han pasado muchas civilizaciones. Con 30 años de ejercicio de la autonomía, las comunidades tienen más experiencia de autogobierno de la que tenía Cataluña en la Segunda República.
P.- El Estado federal que propone el PSOE ¿sería una solución adecuada para esta crisis?
R.- Un Estado federal no se diferencia ni estructural ni prácticamente en nada del que tenemos. No hay en el mundo dos estados federales iguales, cada uno tiene sus peculiaridades y las autonomías son la peculiaridad española. Las instituciones federales son casi iguales a las nuestras, con la excepción tal vez del Senado. Aunque la reforma que ahora se demanda es que el Senado tenga un papel más activo en la elaboración de las leyes de los estados. Y eso era lo que ya tenían en Alemania hasta que hace poco tuvieron que cambiar la Constitución en una dirección contraria a la que aquí se pide. Y otra cosa más. El Estado federal variaría las denominaciones de las comunidades, porque así es la doctrina. Las comunidades se llamarían estados, Estado de La Rioja o Estado de Murcia, y los estatutos tendrían que llamarse constituciones. La Constitución de Extremadura, por ejemplo. Por eso creo que es más fácil encontrar una solución en el Estado autonómico.
P.- ¿Qué reforma propone usted entonces?
R.-Una reforma profunda del Título VIII, sin dramatismos. Yo planteo que hay que ordenar, cambiar el reparto de competencias, no para recentralizar, sino para ordenar. Esto puede repercutir en que en algunas cosas las comunidades tengan menos competencias y en otras más. Hay que definir qué competencias son exclusivas, qué significa que prevalezcan las leyes del Estado sobre las autonómicas, saber lo que ocurre cuando a las regiones les toca ejecutar las leyes del Estado, qué puede hacer el Estado para garantizar que se ejecutan las leyes.
P.- ¿Quiere decir que las leyes no se ejecutan?
R.-En cualquier estado descentralizado el que hace las leyes tiene derecho a vigilar que se cumplan y para eso hay mecanismos de supervisión y control. Aquí nos faltan. Las leyes del Estado se cumplen o no se cumplen y hay un gran escándalo cuando se dice que los hombres de Hacienda van a supervisar el cumplimiento del déficit. El Gobierno ha hecho una ley de estabilidad presupuestaria mandada por la UE, pero si no se cumple no sabemos cómo se puede obligar a su cumplimiento. No es que nuestra Constitución se haya hecho vieja, sino que muchos de los principios han sido tergiversados, son corrupciones del lenguaje constitucional. La percepción que tenemos los juristas es que tenemos un texto constitucional vapuleado y continuamente burlado, que no es referente de autoridad.
P.-Parece que hay muchas resistencias en los partidos mayoritarios para reformar la Constitución.
R.-La Constitución se ha convertido en una criatura casi mítica, el símbolo de la democracia. Eso ha sido bueno durante 35 años, pero el mito tiene que caer. No modificar la Constitución sería una actitud suicida. Históricamente, los españoles hemos optado más bien por romper o derogar las constituciones en lugar de reformarlas. Las élites políticas gobernantes se oponen y hasta defienden celosos sus competencias cuando la academia les dice algo en este sentido. Pero el pueblo soberano acabará castigando a los grandes partidos si no reforman seriamente el Estado. Los partidos no pueden apropiarse del Estado para su conveniencia. Eso es inaceptable en una democracia.
P.-¿Es posible extender el concierto económico vasco a Cataluña, como pretende Artur Mas?
R.- No. Habría que reformar la Constitución y sería altamente desaconsejable que se reformara para generalizar el sistema de concierto. No se puede generalizar un sistema que no existe en ninguna parte del mundo. Si Cataluña pide el concierto, lo pedirán tambien Murcia y La Rioja. Otra cosa distinta es que si los catalanes se sienten agraviados con su financiación eso hay que resolverlo. Y he leido informes que me parecen fundamentados que así lo dicen.
P.-¿De qué instrumentos dispone el Estado para oponerse al proceso de autodeterminación puesto en marcha por Artur Mas?
R.-La política catalana ha derivado en una inseguridad extraordinaria. Los catalanes tienen mala suerte, cuando logran orientar su autogobierno de repente aparece un líder y monta un follón, no es la primera vez que les pasa. El Gobierno del Estado tiene herramientas jurídicas, el Tribunal Constitucional paralizará el referéndum sin duda, pero el día después no sé lo que pasará. Si las autoridades catalanas deciden desacatar la decisión, entonces estaríamos en un supuesto claro de secesión. El Estado se quebrantaría a la fuerza y habrá que ver, habrá que negociar y hablar para resolverlo, porque hay una base social a la que ha llegado el espíritu de la independencia. El principio democratico exige que se hable con todo el mundo y una respuesta negociada. Pero el principio democrático debe ponerse en contraste con el principio constitucional y este impone que una parte del territorio no puede separarse del resto. Por una razón formal, para que eso ocurra hay que reformar la Constitución y para eso tiene que opinar el pueblo español, la secesión particular no cabe.
P.-¿Hay motivos para aplicar el artículo 155 de la Constitución?
R.-Hasta ahora no. Pero yo soy bastante escéptico sobre la aplicación de un artículo que es una invocación de la fuerza. En la Constitución republicana del 31 no existía un precepto como éste y aplicaron la fuerza para suspender el Estatuto. Artículos como el 155 existen en todos los estados federales, lo que se llama la coacción federal y son medidas de fuerza, de fuerza jurídica para declarar suspendido el estatuto. No veo muchas posibilidades de que eso pueda hacerse. ¿Quién puede pensar en una cosa como esa? Si nos ponemos en lo peor, es mucha la fuerza que este artículo permite emplear, desde enviar delegados, sustituir al Gobierno, suspender la vigencia de sus leyes... Pero todo esto tendría una reacción política en Cataluña. Sería un lío y una crisis de Estado tremenda.
