Se trata de una reforma estructural profunda ya que las modificaciones incorporadas proporcionan mayor facilidad para el despliegue de redes por los operadores y facilita la extensión de la banda ancha que propiciará un Internet más rápido. Todo ello impulsará la economía digital y creará nuevos modelos de negocio y crecimiento económico.
Por su parte, los usuarios verán mejoras en la cobertura, un incremento de la velocidad de Internet y la reducción de precios y costes. Además se mejora la protección al usuario
Principales modificaciones
Las principales novedades que presenta el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones son:
Recupera la unidad de mercado en materia de telecomunicaciones, estableciendo procedimientos de coordinación y resolución de conflictos entre la legislación sectorial estatal y la legislación de las Administraciones territoriales dictada en el ejercicio de sus competencias que pueda afectar al despliegue de redes y a la prestación de servicios.
Impulsa una simplificación administrativa, eliminando licencias y autorizaciones y eliminando cargas administrativas innecesarias.
Introduce medidas que permiten el acceso a las redes de operadores de otros sectores, como el del gas, la electricidad o el transporte, en condiciones equitativas, no discriminatorias, neutrales y orientadas a costes. Se trata de medidas alineadas con las propuestas de la Comisión Europea en la Guía de la Unión Europea para las inversiones en banda ancha de septiembre de 2011.
Elimina distorsiones de la competencia para garantizar igualdad de trato por parte de las administraciones a todos los operadores al fijar condiciones estrictas a los operadores públicos.
En materia tributaria se hacen ajustes en la tasa general de operadores de telecomunicaciones
En particular, refuerza la seguridad jurídica y aporta claridad el establecimiento de un esquema de ajuste automático a los costes incurridos por las Autoridades Nacionales de Reglamentación, y la reducción en la Ley del límite máximo de la tasa general de operadores destinada a financiar exclusivamente dichos costes.
Otras modificaciones
Además, refuerza la coordinación de los derechos de usuarios estableciendo un procedimiento para solucionar las posibles controversias a través de una Comisión Bilateral constituida al efecto. También refuerza el control del dominio público radioeléctrico y modifica otros textos legales, como la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, del 11 de julio de 2002, introduciéndose precisiones sobre las llamadas "cookies".
Impacto en la economía
El sector de las telecomunicaciones alcanzó en 2011 una facturación de 37.950 millones de euros, lo que representa un 3,5 por 100 del Producto Interior Bruto (PIB). Su inversión en ese período superó los 5.919 millones de euros. Además, el sector da empleo directo a 74.824 trabajadores.
Existe una necesidad de inversión en Europa de más de 200.000 millones de euros y, en España, de unos 25.000 millones para que todos los hogares dispongan de banda ancha de aquí a 2020.
Según estudios de la Comisión Europea, por cada aumento de la penetración de la banda ancha en un 10 por 100, el crecimiento del PIB es entre el 1 por 100 y el 1,5 por 100.
Por último, se esperan más de cien mil empleos en la Unión Europea a veintisiete entre 2010 y 2015, y de dos millones de empleos en 2020, asociados a la innovación en servicios.
