BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)
Esta propuesta del Icab --con el apoyo del Consejo de Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña (Cicac)-- ha sido remitida a todos los partidos políticos catalanes y españoles con el fin de modificar aspectos procesales sobre la ejecución de las hipotecas, y permitir que una persona desahuciada pueda alegar la existencia de "cláusulas abusivas" para pedir la suspensión de la deuda.
Según el diputado de la comisión normativa del Icab, Jesús Sánchez, si las Comisiones de Sobreendeudamiento probasen que el deudor, tras haber intentado pagar durante cinco años su deuda, no la pudiera sufragar, se le aplicaría el concepto de 'doble oportunidad' y "los saldos vivos quedarían condonados".
El decano del Icab, Pedro Yúfera, ha defendido la vía extrajudicial para solucionar el problema de los desahucios al considerar que las leyes dejan en situación de exclusión social a las personas que, después de haber sido desahuciadas, aún cargan el peso de la deuda, y ha recordado que "ir a juicio siempre es lo último".
Por ello, Yúfera ha dicho que "es importante ser valiente y solucionar este tema sin más demoras", pues hace más de dos años el Icab ya presentó propuestas sobre las ejecuciones hipotecarias ante el Congreso de los Diputados.
Yúfera también ha pedido una legislación más flexible respecto al embargo de ingresos, de manera que los deudores cuenten con fondos suficientes para vivir.
El informe incluye una serie de medidas sociales en la línea, según Sánchez, de lo que ha pedido el Síndic de Greuges para paliar la situación de los desahuciados: "Si las entidades financieras se están nutriendo con fondos públicos, como mínimo un 30% de las viviendas del 'Banco malo' deberían destinarse a un objetivo social".
También se considera que debería aumentar el importe de adjudicación de la vivienda del 60 al 80% cuando el acreedor se lo adjudique en un procedimiento judicial, una propuesta que el Icab ya planteó en marzo del 2011.
Para evitar futuros desahucios, ha explicado Sánchez, el crédito hipotecario debería tener un plazo máximo de 30 años y un valor no superior al 90% del valor de la tasación de la vivienda.
La abogada Verónica Davales ha recordado que en estos momentos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) está estudiando si está conforme con el procedimiento hipotecario español, que no permite paralizar los lanzamientos hipotecarios si existen cláusulas abusivas, por lo que "muchos jueces están prorrogando sus interpretaciones".
Respecto a esta situación, Yúfera ha opinado que si la respuesta de la UE es positiva "el Gobierno estará obligado a cambiar las cosas" pero que si es negativa también lo debería hacer.
Según han explicado, las propuestas presentadas por el Icab podrían solventar un "drama social" que todos los países del entorno de España ya tienen solucionado, un hecho que reafirma la necesidad de regular el sobreendeudamiento personal y familiar.
